La votación se hizo durante la madrugada con el apoyo de la agrupación que lidera Pino Solanas.
La oposición en la Cámara de Diputados logró esta madrugada darle media sanción al proyecto de ley que estipula la reforma del Consejo de la Magistratura y girarlo, así, al Senado para su tratamiento y posible sanción.
La iniciativa se aprobó por 134 votos a favor y 86 en contra, y con el apoyo del bloque de centroizquierda de Proyecto Sur, comandado por Fernando “Pino” Solanas, que logró introducir modificaciones al original.
La nueva norma impulsada por la UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica, y el Pro, implica un cambio en la composición de los integrantes del Consejo, a lo que se le suma la modificación de Proyecto Sur de incorporar una instancia de control popular.
De esta manera (y de ser aprobada en el Senado), el Consejo de la Magistratura pasaría de tener 13 miembros a contar con 18, divididos de la siguiente manera: 3 senadores, 3 diputados (uno por cada una de las tres primeras minorías de cada cuerpo), el presidente de la Corte Suprema (que retorna al organismo), 3 jueces, 4 abogados, un representante por el Poder Ejecutivo y 3 académicos (uno por el mundo de las ciencias sociales).
Además, la iniciativa contempla a instancias de la centroizquierda la creación de un Comité Consultivo (integrado por ONGs), que apunta a incorporar un sistema de control popular sobre el accionar del Consejo, y también la realización de auditorias periódicas de los magistrados.
Así, la oposición logró dar un paso contra lo que denominaron “el poder de veto” del oficialismo en el seno del organismo tanto para impedir la sanción o la remoción de jueces.
El kirchnerismo le imputó a la oposición la intención de tener, con esta ley, "un título en los diarios de que la oposición le ganó al oficialismo", a la vez que la acusó de permitir "la consolidación del poder de la corporación judicial".
El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, sostuvo al cierre del debate que con este proyecto se le entrega de nuevo "el poder a la corporación".
Mientras que el presidente de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, fue el encargado de defender la reforma. En ese sentido, reconoció que la propuesta "no será la reforma ideal", pero aclaró que es "la reforma posible", y que implicará un futuro Consejo de la Magistratura "superior al actual".
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sábado, 5 de junio de 2010
Apoyan proyecto de “Pino” que prevé sanciones por explotación petrolífera en Malvinas
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja decidió apoyar un proyecto que prevé sanciones para empresas que operen en el país y tengan vinculación a las que explotan petróleo en las Islas Malvinas.
Ante el accionar británico en Malvinas, la preocupación crece por lo que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados respaldó.
La Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, presidida por Solanas también había aprobó el proyecto de Ley presentado por el legislador de Proyecto Sur.
En definitiva, se resolvió realizar la semana próxima una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Intereses Marítimos y de Energía para sacar un despacho unificado y definitivo que, tal vez, pueda ser tratado el miércoles, en el recinto.
Por otra parte, Relaciones Exteriores, presidida por el diputado peronista Alfredo Atanasof aprobó un proyecto expresando su solidaridad con los trabajadores de Grecia a raíz del estallido social por el plan ajuste aplicado. También, quieren que el Congreso apruebe un proyecto en repudio al ataque de fuerzas israelíes a un barco que navegaba en aguas internacionales y que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Leer más...
Ante el accionar británico en Malvinas, la preocupación crece por lo que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados respaldó.
La Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, presidida por Solanas también había aprobó el proyecto de Ley presentado por el legislador de Proyecto Sur.
En definitiva, se resolvió realizar la semana próxima una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Intereses Marítimos y de Energía para sacar un despacho unificado y definitivo que, tal vez, pueda ser tratado el miércoles, en el recinto.
Por otra parte, Relaciones Exteriores, presidida por el diputado peronista Alfredo Atanasof aprobó un proyecto expresando su solidaridad con los trabajadores de Grecia a raíz del estallido social por el plan ajuste aplicado. También, quieren que el Congreso apruebe un proyecto en repudio al ataque de fuerzas israelíes a un barco que navegaba en aguas internacionales y que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Leer más...
viernes, 4 de junio de 2010
Peligra el acuerdo por la reforma judicial
La oposición en el Congreso quedó al borde de lo que sería una de sus mayores frustraciones: los bloques mayoritarios del arco no oficialista en Diputados no llegaron a un acuerdo con la centroizquierda y el intento de reforma del Consejo de la Magistratura quedó gravemente herido.
Las intensas negociaciones encabezadas por Ricardo Gil Lavedra (UCR), que pretendía emitir dictamen en la reunión de comisión prevista para hoy, llegaron ayer a vía muerta. Fue después de que el interbloque que lidera Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) rechazara, a último momento, el predictamen elaborado por los bloques mayoritarios, que habían incorporado cambios pedidos por la centroizquierda.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de los procesos de selección y acusación de los jueces. Su reforma es uno de los objetivos principales planteados por la oposición, desde las elecciones de junio del año pasado.
Tras la negativa de la centroizquierda, transmitida a Gil Lavedra por la diputada Liliana Parada, se libró una serie de acusaciones cruzadas entre los dos sectores de la oposición. "Lo que está haciendo «Pino» Solanas y sus diputados es garantizarle al kirchnerismo el control del Consejo y de la Justicia", dijo a LA NACION la diputada Laura Alonso (Pro), una de las autoras del predictamen, que contaba con el respaldo de la UCR, el Peronismo Federal (PF), la Coalición Cívica (CC), Pro, el Partido Socialista (PS) y el GEN, de Margarita Stolbizer.
"Esto es funcional a Kirchner. Hay una extraña coincidencia entre Proyecto Sur y el Poder Ejecutivo en vetar la presidencia de la Corte", coincidió Gustavo Ferrari (PF). "Nosotros no queremos ser funcionales al Gobierno, pero tampoco a la derecha. No podemos cambiar el actual mamarracho que es el Consejo por otro", argumentó la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur), en diálogo con LA NACION.
La principal diferencia entre los dos sectores es el papel que debe desempeñar la Corte Suprema en el nuevo Consejo. La centroizquierda había aceptado, en contra de su posición original, que el presidente del máximo tribunal también presidiera el Consejo, con la condición de que se le quitaran facultades a la presidencia del organismo.
Para acercar posiciones con la centroizquierda, en la propuesta elaborada por los bloques mayoritarios de la oposición se habían hecho recortes de esas facultades: el presidente del Consejo no integraría comisiones y sólo votaría en casos de necesidad. Pero las concesiones no fueron suficientes.
"Los cambios que incorporaron quedaron desvirtuados por otros artículos, que habilitaban al presidente del Consejo a ampliar sus facultades", sostuvo Parada. "Nosotros hicimos enormes concesiones para llegar a un acuerdo. Pero Proyecto Sur no ha mostrado la misma voluntad", dijo Gil Lavedra.
Las jefaturas de la UCR, el PF, la CC y Pro no descartan avanzar en un dictamen común, sin el acuerdo de la centroizquierda. Pero, en esas condiciones, las posibilidades de sancionar el proyecto son casi nulas.
Fuente: lanacion.com.ar Leer más...
Las intensas negociaciones encabezadas por Ricardo Gil Lavedra (UCR), que pretendía emitir dictamen en la reunión de comisión prevista para hoy, llegaron ayer a vía muerta. Fue después de que el interbloque que lidera Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) rechazara, a último momento, el predictamen elaborado por los bloques mayoritarios, que habían incorporado cambios pedidos por la centroizquierda.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de los procesos de selección y acusación de los jueces. Su reforma es uno de los objetivos principales planteados por la oposición, desde las elecciones de junio del año pasado.
Tras la negativa de la centroizquierda, transmitida a Gil Lavedra por la diputada Liliana Parada, se libró una serie de acusaciones cruzadas entre los dos sectores de la oposición. "Lo que está haciendo «Pino» Solanas y sus diputados es garantizarle al kirchnerismo el control del Consejo y de la Justicia", dijo a LA NACION la diputada Laura Alonso (Pro), una de las autoras del predictamen, que contaba con el respaldo de la UCR, el Peronismo Federal (PF), la Coalición Cívica (CC), Pro, el Partido Socialista (PS) y el GEN, de Margarita Stolbizer.
"Esto es funcional a Kirchner. Hay una extraña coincidencia entre Proyecto Sur y el Poder Ejecutivo en vetar la presidencia de la Corte", coincidió Gustavo Ferrari (PF). "Nosotros no queremos ser funcionales al Gobierno, pero tampoco a la derecha. No podemos cambiar el actual mamarracho que es el Consejo por otro", argumentó la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur), en diálogo con LA NACION.
La principal diferencia entre los dos sectores es el papel que debe desempeñar la Corte Suprema en el nuevo Consejo. La centroizquierda había aceptado, en contra de su posición original, que el presidente del máximo tribunal también presidiera el Consejo, con la condición de que se le quitaran facultades a la presidencia del organismo.
Para acercar posiciones con la centroizquierda, en la propuesta elaborada por los bloques mayoritarios de la oposición se habían hecho recortes de esas facultades: el presidente del Consejo no integraría comisiones y sólo votaría en casos de necesidad. Pero las concesiones no fueron suficientes.
"Los cambios que incorporaron quedaron desvirtuados por otros artículos, que habilitaban al presidente del Consejo a ampliar sus facultades", sostuvo Parada. "Nosotros hicimos enormes concesiones para llegar a un acuerdo. Pero Proyecto Sur no ha mostrado la misma voluntad", dijo Gil Lavedra.
Las jefaturas de la UCR, el PF, la CC y Pro no descartan avanzar en un dictamen común, sin el acuerdo de la centroizquierda. Pero, en esas condiciones, las posibilidades de sancionar el proyecto son casi nulas.
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jueves, 3 de junio de 2010
Pino Solanas, cerca de destrabar reforma opositora del Consejo de la Magistratura
Buenos Aires, 3 junio (NA) -- Tras un principio de acuerdo alcanzado esta semana, el sector de centroizquierda que lidera Fernando "Pino" Solanas confirmó hoy que el resto de los bloques de oposición le entregará mañana un "borrador" del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de cerrar un acuerdo definitivo por un dictamen de consenso.
Según explicó la diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, si el bosquejo "refleja los acuerdos" alcanzados con la oposición por las modificaciones en el cuerpo judicial, el próximo martes se firmará el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
De esta forma, el proyecto opositor quedaría listo para llegar al recinto en la próxima sesión ordinaria -podría ser el miércoles que viene-, ya que cuenta con una preferencia para desembocar en el pleno del cuerpo apenas consiga la firma del dictamen.
"Mañana nos van a pasar el borrador del dictamen, porque una cosa son los acuerdos y otra como quedan redactados. Si esto refleja los acuerdos a los que hemos llegado, apoyaremos el dictamen de la mayoría", resaltó Argumedo en declaraciones a FM Identidad, tras varias idas y vueltas entre su espacio y el núcleo duro de la oposición.
La legisladora detalló que la centroizquierda aceptó negociar cuando el arco anti K accedió a reducir las facultades del presidente de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura.
"Los sectores de la oposición habían presentado un proyecto para el Consejo de la Magistratura. Planteamos una serie de propuestas, como que el presidente de la Corte podría presidir el Consejo pero con limitaciones, con un voto de desempate pero sin manejo de fondos", explicó Argumedo.
A la vez, subrayó que "las decisiones deben quedar en manos del plenario del consejo, de las decisiones colectivas".
Sostuvo además que "el segundo factor de acuerdo fue la necesidad de incorporar sectores que no sean exclusivamente del derecho", porque -afirmó- "las leyes no caen del cielo, hay factores sociales y culturales".
"También, el control del presupuesto del poder judicial tiene que ser colectivo, y la última instancia la tiene el plenario", resaltó Argumedo, y aseguró que su sector pidió "hacer una evaluación trimestral o cada seis meses por sorteo de los juzgados y las cámaras".
A su entender, "cuando se designan cargos vitalicios, necesitan un control".
En ese marco, la diputada del GEN e integrante del denominado "grupo A", Margarita Stolbizer, destacó la reforma del órgano que designa y remueve jueces, y señaló que "hay que recuperar el equilibrio y el balance, sin sujeción ni dominación de un poder sobre otro".
Al dar un discurso ante la Asociación Justicia Democrática en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Stolbizer indicó que "la justicia como coto de caza de la política es un problema de todos y es la causa del deterioro de las instituciones".
"La independencia del poder judicial también implica otras discusiones como la de terminar con privilegios del sector: los jueces deben pagar impuesto a las ganancias y presentar sus declaraciones juradas, porque eso no afecta la intangibilidad de sus remuneraciones", afirmó Stolbizer.
Sobre el dictamen que busca consensuar el grueso de la oposición con la centroizquierda de Solanas, subrayó: "El dictamen de mayoría intenta reparar el daño que causó el saqueo de los Kirchner a la Constitución, con la reforma del 2006, ya que con ella se perdió el equilibrio". Leer más...
Según explicó la diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, si el bosquejo "refleja los acuerdos" alcanzados con la oposición por las modificaciones en el cuerpo judicial, el próximo martes se firmará el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
De esta forma, el proyecto opositor quedaría listo para llegar al recinto en la próxima sesión ordinaria -podría ser el miércoles que viene-, ya que cuenta con una preferencia para desembocar en el pleno del cuerpo apenas consiga la firma del dictamen.
"Mañana nos van a pasar el borrador del dictamen, porque una cosa son los acuerdos y otra como quedan redactados. Si esto refleja los acuerdos a los que hemos llegado, apoyaremos el dictamen de la mayoría", resaltó Argumedo en declaraciones a FM Identidad, tras varias idas y vueltas entre su espacio y el núcleo duro de la oposición.
La legisladora detalló que la centroizquierda aceptó negociar cuando el arco anti K accedió a reducir las facultades del presidente de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura.
"Los sectores de la oposición habían presentado un proyecto para el Consejo de la Magistratura. Planteamos una serie de propuestas, como que el presidente de la Corte podría presidir el Consejo pero con limitaciones, con un voto de desempate pero sin manejo de fondos", explicó Argumedo.
A la vez, subrayó que "las decisiones deben quedar en manos del plenario del consejo, de las decisiones colectivas".
Sostuvo además que "el segundo factor de acuerdo fue la necesidad de incorporar sectores que no sean exclusivamente del derecho", porque -afirmó- "las leyes no caen del cielo, hay factores sociales y culturales".
"También, el control del presupuesto del poder judicial tiene que ser colectivo, y la última instancia la tiene el plenario", resaltó Argumedo, y aseguró que su sector pidió "hacer una evaluación trimestral o cada seis meses por sorteo de los juzgados y las cámaras".
A su entender, "cuando se designan cargos vitalicios, necesitan un control".
En ese marco, la diputada del GEN e integrante del denominado "grupo A", Margarita Stolbizer, destacó la reforma del órgano que designa y remueve jueces, y señaló que "hay que recuperar el equilibrio y el balance, sin sujeción ni dominación de un poder sobre otro".
Al dar un discurso ante la Asociación Justicia Democrática en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Stolbizer indicó que "la justicia como coto de caza de la política es un problema de todos y es la causa del deterioro de las instituciones".
"La independencia del poder judicial también implica otras discusiones como la de terminar con privilegios del sector: los jueces deben pagar impuesto a las ganancias y presentar sus declaraciones juradas, porque eso no afecta la intangibilidad de sus remuneraciones", afirmó Stolbizer.
Sobre el dictamen que busca consensuar el grueso de la oposición con la centroizquierda de Solanas, subrayó: "El dictamen de mayoría intenta reparar el daño que causó el saqueo de los Kirchner a la Constitución, con la reforma del 2006, ya que con ella se perdió el equilibrio". Leer más...
Solanas: “Reconstruir los ferrocarriles argentinos es una patriada”
El diputado nacional Fernando "Pino" Solanas presentó en la “Audiencia Pública: Tren para todos” los 3 proyectos que el Interbloque Proyecto Sur impulsará en la Cámara.
"Vamos reconstruir una conciencia de la ética pública”, manifestó Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional del Interbloque Proyecto Sur, en el marco de la “Audiencia Pública: Tren para todos” donde se presentaron 3 proyectos de ley que tienen como destino la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Los mismos giran en torno a los siguientes temas de vital importancia y necesidad: A)La creación un fondo para el desarrollo de la industria ferroviaria argentina (FONAFE). B) La creación de la “Empresa Estatal de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado” y C) La conformación de una Comisión de revisión de los contratos de concesión para establecer la validez de una eventual rescisión por incumplimiento de las condiciones contractuales.
El paquete de estos tres proyectos contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales de todo el país que concurrieron a la Sala Auditorio del Anexo Diputados para expresar el apoyo a la propuesta realizando una movilización nacional al Congreso, en favor de una empresa de ferrocarriles de pasajeros y cargas pública, estatal, nacional y federal. La particularidad que tuvo esta Audiencia fue, hacer públicos los proyectos al público y las organizaciones con el fin de recibir aportes y observaciones sobre los mismos, que ayuden al proceso de presentación ante la Cámara. Entre las organizaciones que participaron se destacan, el movimiento “Tren para todos” que presentó las 900.000 firmas recolectadas que reclaman la restitución del servicio ferroviario a todo el territorio nacional, el Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE) y la Asociación Personal de Dirección de Ferrocarriles (APDFA), también se encontraban presentes representantes gremiales ferroviarios de Rosario, de multisectoriales de Santa Fe, Junín, La Plata, Paraná, y de organizaciones civiles dedicadas a temas ferroviarios. El acto además contó con la presencia de diputados como Victoria Donda (Libres del Sur), Carlos Comi (Coalición Cívica), Verónica Benas (SI) y Jorge Cardelli (Proyecto Sur).
“El que hace negocio privados con bienes públicos comete un delito infamante” dijo Solanas cuando recordó que en los años noventa, las empresas de ferrocarriles fueron privatizadas, y remarcó la necesidad de “recuperar lo nuestro a través de una batalla cultural e ideológica en defensa de lo público creando una conciencia de la ética pública”. Solanas destacó que este proyecto viene siendo elaborado desde 2008, “cuando Cristina anunciaba el tren bala”. El diputado se refirió a la década del noventa, cuando las empresas de trenes fueron privatizadas, lo que consideró fue la etapa de “destrucción” de este servicio. “Aún subsiste la idea de que se les dejó de lado porque daban un millón de dólares de pérdida por día, hoy dan más”, sostuvo Pino, haciendo referencia a los subsidios estatales que reciben las empresas concesionarias. En ese sentido, remarcó que se trata de una “batalla cultural, una batalla ideológica” en defensa de lo público.
Por su parte el diputado Eduardo Macaluse (SI) sostuvo que “es imposible tener un proyecto de país sin ferrocarril”. El legislador bonaerense también se refirió a las privatizaciones, y señaló la necesidad de derogar el decreto que declara la emergencia ferroviaria, “que es lo que garantiza que el Estado de subsidios a lo bobo”. El legislador además destacó aspectos que contempla el “Tren para todos”, como volver a que haya guardabarreras o la creación de oficinas de reclamos en las estaciones que estén atendidas por representantes de usuarios. Macaluse aseguró que el ferrocarril "no sólo es un transporte sino un factor de integración en lo cultural y comercial" de la Argentina. "Es imprescindible reconstituir el tejido que se destruyó", dijo Macaluse, quien además se preguntó "cómo van a funcionar bien los ferrocarriles si el que tenía que controlar (el servicio) recibía el pago de alquileres por parte de las empresas", en supuesta referencia al ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Finalmente reclamó la derogación del decreto que declara la emergencia ferroviaria porque "garantiza que el Estado dé subsidios a lo bobo" a las empresas concesionarias que destruyen y no invierten un peso.
A su turno, Élido Veschi, uno de las asesores técnicos para la confección del plan, defendió la idea de extender tanto los trenes de pasajeros como los de cargas, y consideró que “no hay ningún desarrollo industrial o agroganadero que no dependa del transporte”. En ese sentido, otro de los participantes y colaborador, Jorge Contestí, afirmó que “la ecuación económica entre camión y tren favorece ampliamente al tren”. Además, sostuvo que “sale más barato poner una locomotora nueva” que gastar dinero en arreglar a las actuales. Para finalizar dijo que el cambio no debe “ser violento, sino gradual, pero sin pausa”.
Luego de las exposiciones, se dio la palabra a aquellos asistentes que se habían inscripto antes del inicio de la reunión, que se realizó en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados. Leer más...
"Vamos reconstruir una conciencia de la ética pública”, manifestó Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional del Interbloque Proyecto Sur, en el marco de la “Audiencia Pública: Tren para todos” donde se presentaron 3 proyectos de ley que tienen como destino la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Los mismos giran en torno a los siguientes temas de vital importancia y necesidad: A)La creación un fondo para el desarrollo de la industria ferroviaria argentina (FONAFE). B) La creación de la “Empresa Estatal de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado” y C) La conformación de una Comisión de revisión de los contratos de concesión para establecer la validez de una eventual rescisión por incumplimiento de las condiciones contractuales.
El paquete de estos tres proyectos contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales de todo el país que concurrieron a la Sala Auditorio del Anexo Diputados para expresar el apoyo a la propuesta realizando una movilización nacional al Congreso, en favor de una empresa de ferrocarriles de pasajeros y cargas pública, estatal, nacional y federal. La particularidad que tuvo esta Audiencia fue, hacer públicos los proyectos al público y las organizaciones con el fin de recibir aportes y observaciones sobre los mismos, que ayuden al proceso de presentación ante la Cámara. Entre las organizaciones que participaron se destacan, el movimiento “Tren para todos” que presentó las 900.000 firmas recolectadas que reclaman la restitución del servicio ferroviario a todo el territorio nacional, el Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE) y la Asociación Personal de Dirección de Ferrocarriles (APDFA), también se encontraban presentes representantes gremiales ferroviarios de Rosario, de multisectoriales de Santa Fe, Junín, La Plata, Paraná, y de organizaciones civiles dedicadas a temas ferroviarios. El acto además contó con la presencia de diputados como Victoria Donda (Libres del Sur), Carlos Comi (Coalición Cívica), Verónica Benas (SI) y Jorge Cardelli (Proyecto Sur).
“El que hace negocio privados con bienes públicos comete un delito infamante” dijo Solanas cuando recordó que en los años noventa, las empresas de ferrocarriles fueron privatizadas, y remarcó la necesidad de “recuperar lo nuestro a través de una batalla cultural e ideológica en defensa de lo público creando una conciencia de la ética pública”. Solanas destacó que este proyecto viene siendo elaborado desde 2008, “cuando Cristina anunciaba el tren bala”. El diputado se refirió a la década del noventa, cuando las empresas de trenes fueron privatizadas, lo que consideró fue la etapa de “destrucción” de este servicio. “Aún subsiste la idea de que se les dejó de lado porque daban un millón de dólares de pérdida por día, hoy dan más”, sostuvo Pino, haciendo referencia a los subsidios estatales que reciben las empresas concesionarias. En ese sentido, remarcó que se trata de una “batalla cultural, una batalla ideológica” en defensa de lo público.
Por su parte el diputado Eduardo Macaluse (SI) sostuvo que “es imposible tener un proyecto de país sin ferrocarril”. El legislador bonaerense también se refirió a las privatizaciones, y señaló la necesidad de derogar el decreto que declara la emergencia ferroviaria, “que es lo que garantiza que el Estado de subsidios a lo bobo”. El legislador además destacó aspectos que contempla el “Tren para todos”, como volver a que haya guardabarreras o la creación de oficinas de reclamos en las estaciones que estén atendidas por representantes de usuarios. Macaluse aseguró que el ferrocarril "no sólo es un transporte sino un factor de integración en lo cultural y comercial" de la Argentina. "Es imprescindible reconstituir el tejido que se destruyó", dijo Macaluse, quien además se preguntó "cómo van a funcionar bien los ferrocarriles si el que tenía que controlar (el servicio) recibía el pago de alquileres por parte de las empresas", en supuesta referencia al ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Finalmente reclamó la derogación del decreto que declara la emergencia ferroviaria porque "garantiza que el Estado dé subsidios a lo bobo" a las empresas concesionarias que destruyen y no invierten un peso.
A su turno, Élido Veschi, uno de las asesores técnicos para la confección del plan, defendió la idea de extender tanto los trenes de pasajeros como los de cargas, y consideró que “no hay ningún desarrollo industrial o agroganadero que no dependa del transporte”. En ese sentido, otro de los participantes y colaborador, Jorge Contestí, afirmó que “la ecuación económica entre camión y tren favorece ampliamente al tren”. Además, sostuvo que “sale más barato poner una locomotora nueva” que gastar dinero en arreglar a las actuales. Para finalizar dijo que el cambio no debe “ser violento, sino gradual, pero sin pausa”.
Luego de las exposiciones, se dio la palabra a aquellos asistentes que se habían inscripto antes del inicio de la reunión, que se realizó en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados. Leer más...
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