Por Alcira Argumedo (Socióloga, Diputada de Proyecto Sur)
En las múltiples y turbulentas discusiones sobre el DNU, es sintomático el silencio acerca de las posibilidades existentes para obtener ingresos fiscales que no provengan del uso de reservas ni de ajustes en despidos, salarios y gasto social. Al mismo tiempo, se descalifica la necesidad de abordar una auditoría de la deuda pública, susceptible de establecer cuál es la proporción legítima y cuál la fraudulenta: remarcamos que se trata siempre de la misma deuda contraída por la dictadura militar; sólo ha sido sometida a numerosas y oscuras renegociaciones: Brady, Blindaje, Megacanje, Lavagna-Kirchner. Ante la propuesta de investigar la deuda, se acusa a Proyecto Sur de irracionalidad e irresponsabilidad: en estos mismos momentos el Parlamento de Brasil, con el aval del presidente Lula –al que nadie considera irracional e irresponsable–, está investigando la deuda brasileña de los últimos treinta años. Tampoco es irracional e irresponsable el presidente Rafael Correa de Ecuador, quien abordó una rigurosa auditoría: cuando los acreedores supieron que se habían registrado prolijamente todos y cada uno de los desfalcos cometidos, acudieron pronto a negociar aceptando el pago de una tercera parte de lo demandado. Ambos mandatarios cumplen así con la Declaración aprobada por el Parlamento Latinoamericano durante su reunión de Panamá en diciembre de 2008, que los delegados del gobierno argentino apoyaran, marcando el imperativo de investigar las deudas de nuestras naciones.
La actual deuda pública no es algo del pasado –como la de la Baring Brothers en el siglo XIX– en tanto continúa produciendo durísimas consecuencias para la gran mayoría de nuestros compatriotas. Baste tomar algunas cifras del Presupuesto nacional 2010, cuya revisión también propone Proyecto Sur: gasto público en Salud, 10.160 millones de pesos; gasto público en Educación y Cultura, 19.431 millones de pesos; pago de intereses de la Deuda Pública, 26.676 millones de pesos. Con el único requisito de saber sumar, puede comprobarse que los intereses de la deuda (solamente intereses) insumen casi el equivalente a la suma del gasto público previsto en el presupuesto para Salud y Educación este año, y tenemos por delante muchísimos años: los cálculos optimistas indican que, de cumplirse con todos los vencimientos anuales de intereses y capital, sin contraer más deuda, en el 2089 los argentinos que queden estarían a mano. Si ahora se pagaran los 25.000 millones de dólares de capital que vencen en 2010, significarían unos 100.000 millones de pesos adicionales: en total, cinco veces los montos destinados en el Presupuesto a Salud y Educación.
Nadie puede negar que el incremento de la pobreza y la precarización laboral, los dramáticos problemas de vivienda y salud, la crítica situación del sistema educativo son algunas de las secuelas directas del tratamiento de la deuda en las tres últimas décadas. Esto se denomina efecto continuado sobre la mayoría de la sociedad argentina –reforzando, entre otros aspectos, su carácter de “deuda odiosa”– y respalda la validez histórica de afrontar una auditoría como lo han hecho Ecuador y Brasil, reivindicando su dignidad nacional. Un contraste con las declaraciones del ministro Florencio Randazzo, quien durante un programa en TN afirmara que si bien todos sabemos que el 70 por ciento o el 80 por ciento de la deuda es ilegal, debe pagarse. Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad.
Cuando se analizan otros aspectos del Presupuesto 2010, resaltan cifras de las cuales tampoco se habla: para subsidios del Estado a las corporaciones –entre otras Repsol, Panamerican Energy (British Petroleum y Standard Oil) o Barrick Gold– en regímenes de promoción, exenciones del impuesto a las ganancias y reintegros, están previstos unos 11.400 millones de pesos; además, según García (Página/12, 6/2/2010), se “permite a empresas hidrocarburíferas dejar en el exterior más del 70 por ciento de los montos exportados y a las mineras, el ciento por ciento”, sumado a “las utilidades y dividendos remitidos por las empresas de capital extranjero, que vienen creciendo aceleradamente”. Es posible comparar estos datos con el costo neto de 7326 millones de pesos en concepto de universalizar las asignaciones familiares; mucho menor que las dádivas a las corporaciones privilegiadas.
Silencio sobre otras fuentes potenciales de ingresos fiscales: si se restablecieran las contribuciones patronales de las grandes empresas (no de las Pymes) al nivel de 1993, cuando Cavallo las disminuyó drásticamente, la Anses recibiría unos 15.000 millones de pesos; un impuesto mínimo a las transacciones financieras aportaría otros 11.000 millones de pesos. El señor Cristóbal López y sus socios no pagan impuestos por los importantes beneficios derivados de la aberrante expansión del juego en todo el país; pero la señora de la villa que compra un kilo de harina, aporta el 21 por ciento. Silencio sobre la necesidad de gravar las ganancias extraordinarias, que alcanzaron el 50 por ciento anual para los bancos y varios grupos económicos, según señala el asesor jurídico de la CGT, Héctor Recalde, basándose en datos de la Bolsa de Comercio: en Japón las empresas consideran un gran éxito obtener ganancias cercanas al 10 por cento . Silencio sobre la inflación que carcome los ingresos populares y obliga a reconstruir un Indec en el cual pocos creen.
De este modo, si simplemente se restablecieran los aportes patronales, se anularan las prebendas a las corporaciones y se impusiera un mínimo gravamen a las transacciones financieras, el Estado tendría aproximadamente 42.000 millones de pesos, equivalentes a unos 11.000 millones de dólares, que casi duplican las reservas del DNU. En esta breve síntesis, esbozada como base para un debate serio y sin exacerbar conflictos, sobre el futuro de la Argentina en el marco de la actual crisis mundial (Zaiat, Página/12, 6/2/10), puede percibirse que Proyecto Sur no es funcional a los neoliberales ni promueve ajustes en los salarios y el gasto social (Bruschtein, Página/12, 6/2/10); más bien es posible preguntar quién es funcional al neoliberalismo. Somos una fuerza política comprometida con el interés nacional y el futuro de las mayorías sociales, en particular el de nuestros chicos y jóvenes condenados a la pobreza y la indigencia; no tenemos compromisos económicos con nadie ni estamos en oferta: nuestra decisión es hacer lo imposible por frenar el saqueo iniciado con la dictadura militar al costo brutal de 30.000 desaparecidos y sus consecuencias, el otro costo brutal en vidas humanas por hambre, miseria y enfermedades curables. Investigar la deuda fraudulenta es una forma más de reconstruir la memoria y revertir en parte aquello que denunciara Rodolfo Walsh en su ya mítica Carta a la Dictadura Militar.
Leer más...
Mostrando entradas con la etiqueta Pensamiento. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Pensamiento. Mostrar todas las entradas
lunes, 8 de marzo de 2010
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Una coincidencia metodológica
(por Alcira Argumedo, Diputada de Proyecto Sur)
Algo está muy distorsionado en la Argentina, cuando aquello que debió haber sido una mera formalidad por la cual se establecen las autoridades de la Cámara de Diputados y la integración de sus comisiones –según el criterio de respetar la representatividad de las distintas fuerzas políticas en las elecciones legislativas del 2007 y del 2009– pasó a ser una confrontación que llevaría a hablar de traiciones, derrotas, alianzas espurias, castigos, venganzas. La heterogénea y contradictoria oposición a la cual se sumó Proyecto Sur y otros bloques de orientación similar, simplemente llegó a una coincidencia metodológica por encima de sus profundas diferencias políticas: imponer reglas de juego capaces de garantizar la mencionada representatividad como base para negociar un acuerdo con el oficialismo, que se negaba a aceptar el nuevo escenario impuesto por el resultado de las elecciones del 28 de junio.
Bajo toda evidencia, las relaciones de fuerzas han cambiado en Diputados y esto es difícil de aceptar para quienes durante los últimos cinco años detentaron la capacidad de hacer aprobar –con distintos esquemas de alianzas en cada ocasión– la gran mayoría de las leyes que promovieran. Incluso lograron, como en el caso del veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares, que los mismos legisladores que la votaron casi por unanimidad en ambas Cámaras levantaran poco después sus manos para aceptar el veto. Tal vez la derrota haga referencia a que el diputado Gioja no continuará siendo presidente de la Comisión de Minería de Diputados, lo que le permitía actuar en conjunto con su hermano el senador Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado, a fin de favorecer los negocios de su otro hermano el gobernador Gioja de San Juan con la Barrick Gold en la aberrante explotación minera a cielo abierto con cianuro y uso descomunal de agua potable: una irresponsable depredación avalada por el veto a la Ley de Protección de Glaciares. Es posible también que se considere una derrota el hecho de que alguien como Solanas pueda ser presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, dada su histórica posición sobre el saqueo de nuestras riquezas: todavía tiene en las piernas cicatrices del atentado de 1991, cuando comenzó a denunciar ese saqueo. Debido a la coincidencia puntual acerca de las reglas de juego, se acusa a Proyecto Sur de haberse aliado con la derecha, pero no se le cuestiona al oficialismo su más profunda alianza con la derecha en casos anteriores ni tampoco su reciente alianza con la derecha para votar conjuntamente a favor de un canje de la deuda que permita honrar los reclamos de los Fondos Buitre y regresar sin gloria al FMI.
Proyecto Sur apoyó al oficialismo en determinadas leyes –la estatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP, la ley de medios audiovisuales– aunque debemos reconocer que en todos los casos después hubo una trampa: los acuerdos de compra de Marsans con Airbus en vez de reconstruir la industria aeronáutica nacional; la utilización de los fondos de ANSeS para otorgar un préstamo a la General Motors o la compra de bonos, antes de pagar las deudas de ese organismo con los jubilados o instaurar el 82 por ciento móvil; la compulsión impuesta en el tratamiento de la ley de medios. No tocamos el tema de la Ley de Reforma Política y su veloz aprobación en el Senado, porque podría pensarse que nos afecta directamente. El tiempo irá demostrando si Proyecto Sur se ha aliado con la derecha.
La “tercera posición” del diputado Sabbatella es, bajo toda evidencia, un kirchnerismo con antifaz. Su nuevo bloque se conforma con el diputado electo por el kirchnerismo Carlos Heller, con Vilma Ibarra y con los socialistas-kirchneristas Ariel Basteiro y Jorge Rivas. Al acto de presentación del bloque en Atlanta concurrieron, entre otros, el viceministro de Economía kirchnerista Roberto Felleti, el diputado kirchnerista saliente Edgardo Depetri, el legislador kirchnerista Juan Cabandié, el kirchnerista Hugo Yasky de la CTA, miembros de la kirchnerista Carta Abierta y diversos simpatizantes del kirchnerismo: en la lógica de Aristóteles, sería más bien el “tercero excluido”. Sin embargo, para nosotros lo más grave y doloroso de estos episodios y de los análisis periodísticos o políticos ha sido el artero golpe bajo que un periodista propinara en su nota a una diputada hija de desaparecidos –sobrepasando límites éticos y exhibiendo rasgos de crueldad– por haber tomado una decisión en el Parlamento con la cual el periodista no concuerda. Leer más...
Algo está muy distorsionado en la Argentina, cuando aquello que debió haber sido una mera formalidad por la cual se establecen las autoridades de la Cámara de Diputados y la integración de sus comisiones –según el criterio de respetar la representatividad de las distintas fuerzas políticas en las elecciones legislativas del 2007 y del 2009– pasó a ser una confrontación que llevaría a hablar de traiciones, derrotas, alianzas espurias, castigos, venganzas. La heterogénea y contradictoria oposición a la cual se sumó Proyecto Sur y otros bloques de orientación similar, simplemente llegó a una coincidencia metodológica por encima de sus profundas diferencias políticas: imponer reglas de juego capaces de garantizar la mencionada representatividad como base para negociar un acuerdo con el oficialismo, que se negaba a aceptar el nuevo escenario impuesto por el resultado de las elecciones del 28 de junio.
Bajo toda evidencia, las relaciones de fuerzas han cambiado en Diputados y esto es difícil de aceptar para quienes durante los últimos cinco años detentaron la capacidad de hacer aprobar –con distintos esquemas de alianzas en cada ocasión– la gran mayoría de las leyes que promovieran. Incluso lograron, como en el caso del veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares, que los mismos legisladores que la votaron casi por unanimidad en ambas Cámaras levantaran poco después sus manos para aceptar el veto. Tal vez la derrota haga referencia a que el diputado Gioja no continuará siendo presidente de la Comisión de Minería de Diputados, lo que le permitía actuar en conjunto con su hermano el senador Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado, a fin de favorecer los negocios de su otro hermano el gobernador Gioja de San Juan con la Barrick Gold en la aberrante explotación minera a cielo abierto con cianuro y uso descomunal de agua potable: una irresponsable depredación avalada por el veto a la Ley de Protección de Glaciares. Es posible también que se considere una derrota el hecho de que alguien como Solanas pueda ser presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, dada su histórica posición sobre el saqueo de nuestras riquezas: todavía tiene en las piernas cicatrices del atentado de 1991, cuando comenzó a denunciar ese saqueo. Debido a la coincidencia puntual acerca de las reglas de juego, se acusa a Proyecto Sur de haberse aliado con la derecha, pero no se le cuestiona al oficialismo su más profunda alianza con la derecha en casos anteriores ni tampoco su reciente alianza con la derecha para votar conjuntamente a favor de un canje de la deuda que permita honrar los reclamos de los Fondos Buitre y regresar sin gloria al FMI.
Proyecto Sur apoyó al oficialismo en determinadas leyes –la estatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP, la ley de medios audiovisuales– aunque debemos reconocer que en todos los casos después hubo una trampa: los acuerdos de compra de Marsans con Airbus en vez de reconstruir la industria aeronáutica nacional; la utilización de los fondos de ANSeS para otorgar un préstamo a la General Motors o la compra de bonos, antes de pagar las deudas de ese organismo con los jubilados o instaurar el 82 por ciento móvil; la compulsión impuesta en el tratamiento de la ley de medios. No tocamos el tema de la Ley de Reforma Política y su veloz aprobación en el Senado, porque podría pensarse que nos afecta directamente. El tiempo irá demostrando si Proyecto Sur se ha aliado con la derecha.
La “tercera posición” del diputado Sabbatella es, bajo toda evidencia, un kirchnerismo con antifaz. Su nuevo bloque se conforma con el diputado electo por el kirchnerismo Carlos Heller, con Vilma Ibarra y con los socialistas-kirchneristas Ariel Basteiro y Jorge Rivas. Al acto de presentación del bloque en Atlanta concurrieron, entre otros, el viceministro de Economía kirchnerista Roberto Felleti, el diputado kirchnerista saliente Edgardo Depetri, el legislador kirchnerista Juan Cabandié, el kirchnerista Hugo Yasky de la CTA, miembros de la kirchnerista Carta Abierta y diversos simpatizantes del kirchnerismo: en la lógica de Aristóteles, sería más bien el “tercero excluido”. Sin embargo, para nosotros lo más grave y doloroso de estos episodios y de los análisis periodísticos o políticos ha sido el artero golpe bajo que un periodista propinara en su nota a una diputada hija de desaparecidos –sobrepasando límites éticos y exhibiendo rasgos de crueldad– por haber tomado una decisión en el Parlamento con la cual el periodista no concuerda. Leer más...
martes, 17 de noviembre de 2009
Democracia representativa y participativa
Por Enrique Dussel (Filósofo)
La modernidad burguesa, desde el siglo XVII, comenzó a construir la democracia representativa que llega a tener plena hegemonía institucional en el presente. Su fosilización y corrupción siempre despertó el escepticismo anarquista antirrepresentativo, porque alejaba al elegido de la comunidad política de la base, pretendiendo como postulado la realización empírica de la democracia directa. Por su parte el Estado liberal impuso como única opción la democracia representativa, que negaba y temía la democracia directa, que se dieron en la Comuna de París en el 1870 o en los soviet de la Revolución de Octubre. Nació así la falsa antinomia: representación o participación.
Sin embargo, el proceso actual iniciado en el siglo XXI, y que se visualizará con los siglos como una revolución más profunda aún que la de la modernidad, completará la dimensión representativa con una democracia participativa fiscalizadora que se articulará novedosamente, sin eliminarlas, a las estructuras de la mera representación. No será ya representación “o” participación, sino representación “y” participación.
Es entonces tiempo de creación de nuevas instituciones participativas. La participación tiene dos caras: el ejercicio del poder directo en la base y la función fiscalizadora de las estructuras de la representación.
El momento que funda la autoridad del ejercicio participativo es la realización de la democracia directa o de la organización institucional de la comunidad en la base, del barrio o aldea, debajo de los municipios, delegaciones o condados. Es el componente intentado por el anarquista, pero visualizado por ello como opuesto a la representación
La segunda cara de la participación es la fiscalización de la representación. Son ejemplo de este segundo aspecto (el fiscalizador) las auditorías o las evaluaciones de parte de un poder ciudadano (nuevo y cuarto poder formulado por la Constitución venezolana actual) de los otros tres poderes tradicionales (el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo). Otros ejemplos de instituciones participativas que transforma el ejercicio de la representación son la revocación de todo mandato, el plebiscito o la presentación de proyectos de leyes con las firmas de un porcentaje del padrón de simples ciudadanos, etc.
Es decir, la representación, por medio de partidos políticos, es el ejercicio delegado del poder. La participación es, por una parte, cumplimiento efectivo por democracia directa de una acto de la comunidad sin partidos en el quinto nivel institucional político (si estos son: 1. Internacional, 2. Estado particular, 3. Estado provincial, 4. Municipio, 5. Comunidad en la base, en el barrio, en la aldea, etc.); y, por otra parte, efectúa una verificación del ejercicio representativo como obediencia al mandato de la comunidad (del pueblo).
¿En qué consiste la fiscalización democrático-participativa? En evaluar la calidad del ejercicio de la representación, incluyendo aún, como hemos indicado, el modo de impartir la justicia por parte del Poder Judicial. Es verificación del cumplimiento recto, justo del ejercicio delegado de actos representativos (en su aspecto material, formal o procedimental; es decir, del contenido de las acciones, de las instituciones; de su legitimidad y la honestidad; de su eficacia). De no cumplir con lo acordado, por olvido del carácter obediencial del mandato**, hasta se puede recurrir al voto popular revocatorio de cualquier nivel de la representación: esto indica ya la presencia perpetua de una participación en acto, activa.
La potestad participativa no sólo fiscaliza, sino que, en el quinto nivel del ejercicio delegado del poder como Potentia, la comunidad en la base “se pone” (en un acto autorreferente) como decisiva y ejecutiva en los quehaceres cotidianos de ella misma (cuestiones de drenaje, agua, comunicaciones, seguridad, educación de la juventud, etc.), contando con recursos asignados. Todo esto garantizado constitucionalmente (como pretendía estipularlo el artículo 184 de la fracasada enmienda de la Constitución venezolana en 2008). Aquí la autoridad puede ser rotativa, sin partidos políticos, extremadamente compartida, cercana a la utopía anarquista de la asamblea permanente (pero institucionalizada e inevitablemente debiendo elegir a los miembros del poder ciudadano, en el segundo, tercer y cuarto nivel político-institucional, fundamento de su legitimidad). La participación, aunque parezca una contradicción, no podrá evadir tener una cierta representación en los niveles que se alejan del ejercicio directo de la base comunitaria. Pero es una representación sin partidos políticos, desde organizaciones más espontáneas de la sociedad civil, de las comunidades o asambleas en la base, etc..
El doble rostro de una democracia representativa y participativa supera así la propuesta unilateral de las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII. Ellos actualizaron y organizaron las instituciones representativas. La presente revolución popular mundial, postcolonial, transmoderna y transcapitalista (inspirada en los movimientos obreros del siglo XIX, de las revoluciones socialistas del siglo XX, y de los nuevos movimientos sociales actuales –feministas, antirracistas, de las tercera edad, de los pueblos originarios, de los marginales, etc.), descubre y debe institucionalizar las nuevas estructuras institucionales de una democracia participativa en referencia a actores colectivos políticos más complejos y exigentes en cuanto a sus derechos.
Fuente: La Jornada, 10-X-2009 (México) Leer más...
La modernidad burguesa, desde el siglo XVII, comenzó a construir la democracia representativa que llega a tener plena hegemonía institucional en el presente. Su fosilización y corrupción siempre despertó el escepticismo anarquista antirrepresentativo, porque alejaba al elegido de la comunidad política de la base, pretendiendo como postulado la realización empírica de la democracia directa. Por su parte el Estado liberal impuso como única opción la democracia representativa, que negaba y temía la democracia directa, que se dieron en la Comuna de París en el 1870 o en los soviet de la Revolución de Octubre. Nació así la falsa antinomia: representación o participación.
Sin embargo, el proceso actual iniciado en el siglo XXI, y que se visualizará con los siglos como una revolución más profunda aún que la de la modernidad, completará la dimensión representativa con una democracia participativa fiscalizadora que se articulará novedosamente, sin eliminarlas, a las estructuras de la mera representación. No será ya representación “o” participación, sino representación “y” participación.
Es entonces tiempo de creación de nuevas instituciones participativas. La participación tiene dos caras: el ejercicio del poder directo en la base y la función fiscalizadora de las estructuras de la representación.
El momento que funda la autoridad del ejercicio participativo es la realización de la democracia directa o de la organización institucional de la comunidad en la base, del barrio o aldea, debajo de los municipios, delegaciones o condados. Es el componente intentado por el anarquista, pero visualizado por ello como opuesto a la representación
La segunda cara de la participación es la fiscalización de la representación. Son ejemplo de este segundo aspecto (el fiscalizador) las auditorías o las evaluaciones de parte de un poder ciudadano (nuevo y cuarto poder formulado por la Constitución venezolana actual) de los otros tres poderes tradicionales (el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo). Otros ejemplos de instituciones participativas que transforma el ejercicio de la representación son la revocación de todo mandato, el plebiscito o la presentación de proyectos de leyes con las firmas de un porcentaje del padrón de simples ciudadanos, etc.
Es decir, la representación, por medio de partidos políticos, es el ejercicio delegado del poder. La participación es, por una parte, cumplimiento efectivo por democracia directa de una acto de la comunidad sin partidos en el quinto nivel institucional político (si estos son: 1. Internacional, 2. Estado particular, 3. Estado provincial, 4. Municipio, 5. Comunidad en la base, en el barrio, en la aldea, etc.); y, por otra parte, efectúa una verificación del ejercicio representativo como obediencia al mandato de la comunidad (del pueblo).
¿En qué consiste la fiscalización democrático-participativa? En evaluar la calidad del ejercicio de la representación, incluyendo aún, como hemos indicado, el modo de impartir la justicia por parte del Poder Judicial. Es verificación del cumplimiento recto, justo del ejercicio delegado de actos representativos (en su aspecto material, formal o procedimental; es decir, del contenido de las acciones, de las instituciones; de su legitimidad y la honestidad; de su eficacia). De no cumplir con lo acordado, por olvido del carácter obediencial del mandato**, hasta se puede recurrir al voto popular revocatorio de cualquier nivel de la representación: esto indica ya la presencia perpetua de una participación en acto, activa.
La potestad participativa no sólo fiscaliza, sino que, en el quinto nivel del ejercicio delegado del poder como Potentia, la comunidad en la base “se pone” (en un acto autorreferente) como decisiva y ejecutiva en los quehaceres cotidianos de ella misma (cuestiones de drenaje, agua, comunicaciones, seguridad, educación de la juventud, etc.), contando con recursos asignados. Todo esto garantizado constitucionalmente (como pretendía estipularlo el artículo 184 de la fracasada enmienda de la Constitución venezolana en 2008). Aquí la autoridad puede ser rotativa, sin partidos políticos, extremadamente compartida, cercana a la utopía anarquista de la asamblea permanente (pero institucionalizada e inevitablemente debiendo elegir a los miembros del poder ciudadano, en el segundo, tercer y cuarto nivel político-institucional, fundamento de su legitimidad). La participación, aunque parezca una contradicción, no podrá evadir tener una cierta representación en los niveles que se alejan del ejercicio directo de la base comunitaria. Pero es una representación sin partidos políticos, desde organizaciones más espontáneas de la sociedad civil, de las comunidades o asambleas en la base, etc..
El doble rostro de una democracia representativa y participativa supera así la propuesta unilateral de las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII. Ellos actualizaron y organizaron las instituciones representativas. La presente revolución popular mundial, postcolonial, transmoderna y transcapitalista (inspirada en los movimientos obreros del siglo XIX, de las revoluciones socialistas del siglo XX, y de los nuevos movimientos sociales actuales –feministas, antirracistas, de las tercera edad, de los pueblos originarios, de los marginales, etc.), descubre y debe institucionalizar las nuevas estructuras institucionales de una democracia participativa en referencia a actores colectivos políticos más complejos y exigentes en cuanto a sus derechos.
Fuente: La Jornada, 10-X-2009 (México) Leer más...
viernes, 6 de noviembre de 2009
Ni blanco ni negro
Por Mariano Pasi
Gris: ese color buscamos. La historia de los países que han logrado progresar y desarrollarse como pueblos nos enseña que la única forma de lograrlo es por medio de la unión. Un pueblo no progresa por aplicar recetas de izquierda o de derecha; lo logra cuando sienta cabeza, cuando reflexiona sobre sus problemas concretos y desarrolla sus potencialidades y sus propias ideas para solucionarlos.
Podemos exprimir políticas puestas en marcha por otros países y tomar de ellas ideas útiles para mejorar nuestra situación actual y obtener una nueva opción, un híbrido que venga a resolver los problemas de fondo que tanto nos aquejan. Esto no significa renunciar a la diversidad ideológica de las personas. Sólo evitar creer que una sola tiene la verdad, cuando dicha verdad se construye entre todos. Recordar el pasado de manera crítica para reconocer y aprender de los errores cometidos, y mirar el futuro para planificar qué queremos ser, es lo que le falta a nuestra sociedad para comenzar a salir del pozo en el que se encuentra.
¿Qué queremos ser? Un país ejemplar para América Latina y para el mundo. Queremos una educación pública que forme mentes con conciencia crítica que amen y defiendan a su Patria y que respeten a sus conciudadanos, eliminando ese individualismo que tanto se fomenta en el sistema imperante y que carcome a las sociedades por dentro. Queremos un país con empleo donde el trabajador se reconozca en su aporte al país, que sienta la dignidad que brinda el saber que construye un futuro mejor para todos. Queremos un país donde el empresario no dude en invertir en la tierra de sus hijos. Un país soberano, que defienda sus fronteras y recursos con firmeza y los preserve para lograr un desarrollo económico-social sostenido y autosustentable. Leer más...
Gris: ese color buscamos. La historia de los países que han logrado progresar y desarrollarse como pueblos nos enseña que la única forma de lograrlo es por medio de la unión. Un pueblo no progresa por aplicar recetas de izquierda o de derecha; lo logra cuando sienta cabeza, cuando reflexiona sobre sus problemas concretos y desarrolla sus potencialidades y sus propias ideas para solucionarlos.
Podemos exprimir políticas puestas en marcha por otros países y tomar de ellas ideas útiles para mejorar nuestra situación actual y obtener una nueva opción, un híbrido que venga a resolver los problemas de fondo que tanto nos aquejan. Esto no significa renunciar a la diversidad ideológica de las personas. Sólo evitar creer que una sola tiene la verdad, cuando dicha verdad se construye entre todos. Recordar el pasado de manera crítica para reconocer y aprender de los errores cometidos, y mirar el futuro para planificar qué queremos ser, es lo que le falta a nuestra sociedad para comenzar a salir del pozo en el que se encuentra.
¿Qué queremos ser? Un país ejemplar para América Latina y para el mundo. Queremos una educación pública que forme mentes con conciencia crítica que amen y defiendan a su Patria y que respeten a sus conciudadanos, eliminando ese individualismo que tanto se fomenta en el sistema imperante y que carcome a las sociedades por dentro. Queremos un país con empleo donde el trabajador se reconozca en su aporte al país, que sienta la dignidad que brinda el saber que construye un futuro mejor para todos. Queremos un país donde el empresario no dude en invertir en la tierra de sus hijos. Un país soberano, que defienda sus fronteras y recursos con firmeza y los preserve para lograr un desarrollo económico-social sostenido y autosustentable. Leer más...
miércoles, 21 de octubre de 2009
Peronismo o pejotismo
Por Alcira Argumedo (Socióloga, diputada electa por Proyecto Sur)
Con intención de darle una mano en su tesis de doctorado al politólogo sueco de Mario Wainfeld, trazamos algunas líneas de respuesta al artículo de José Natanson (Página/12, 11/09/09) y a sus interrogantes acerca de la posición de Solanas y Proyecto Sur. El periodista considera que se trata de una construcción política situada en un lugar extraño, en tanto combina oposición dura con apelación moralizante, y se le hace difícil comprender que “Solanas, cuyas películas transpiran peronismo, es, de todos los líderes de centroizquierda, el que mantiene la relación más intransigente con el peronismo, situándose en posiciones aún más inflexibles que las de opositores cuyo origen los aleja naturalmente del PJ, como los socialistas”. Como tantos otros, Natanson no puede o no quiere percibir el contraste entre el peronismo histórico y el pejotismo: el peronismo de los gobiernos de Perón y la resistencia peronista, con sus grandes aciertos y errores en tiempos turbulentos, frente a la fuerza política degradada que emerge del genocidio de la última dictadura.
Más allá del necesario balance crítico de ese período, el peronismo histórico –del cual provienen Solanas y una significativa proporción de integrantes de Proyecto Sur– nunca se apartó de tres ejes fundantes: la consigna Braden o Perón, como una clara oposición a las potencias hegemónicas con sus estrategias de despojo y subordinación; la defensa de los intereses nacionales sintetizada en el artículo 40 de la Constitución de 1949; la reivindicación de la justicia social y la dignidad de los trabajadores.
Por su parte, el pejotismo impulsó el proyecto más entreguista y antipopular de la historia argentina del siglo XX, incluyendo el de la Década Infame: las relaciones carnales; las aberrantes privatizaciones y prórrogas de concesiones o la fraudulenta deuda externa que se niegan a investigar a pesar del dictamen del juez Ballestero basado en las denuncias de Alejandro Olmos, manteniendo como política el endeudamiento, junto a los derechos sociales arrasados, son el espejo invertido de esa otra historia, aunque se implementaran cantando la Marcha. Para hacerlo, Menem necesitó del apoyo de varios miles de cuadros y dirigentes políticos o sindicales bajo la conducción del PJ: allí están en los archivos todos los nombres de los cómplices y beneficiarios, con los sucesivos acuerdos, traiciones o enfrentamientos mutuos. Sus conductas en el pasado reciente han generado dramáticas secuelas que aún perduran en nuestra sociedad: compararlos con José Martí, Túpac Amaru o Augusto Sandino (Mario Goloboff, en Página/12, 13/10/09) para fundamentar que el “mal de archivos” es “un inútil consuelo de tontos”, precisamente en esta Argentina que está luchando por la memoria, nos parece, como mínimo, un despropósito.
Proyecto Sur reivindica las mejores ideas del peronismo histórico, como parte de las tradiciones populares latinoamericanas, pero se opone duramente al pejotismo y a las medidas del Gobierno que son continuidad de los noventa; a ese “conservadurismo mal disfrazado de progresismo que es necesario desnudar”. Los ejemplos sobran. No obstante, con las condiciones pertinentes, se han apoyado y van a apoyarse aquellas iniciativas consideradas beneficiosas para el país y sus ciudadanos, sin importar quién las haya propuesto ni caer en las trampas de falsas polarizaciones.
Sustentamos una ética pública que, según Natanson, algunos consideran un “riesgo de apelación moralista estilo Frepaso como eje de la construcción política”. La ética pública afirma que hacer negocios personales y de amigos con recursos públicos pertenecientes a todos los argentinos es un delito gravísimo y debe ser duramente castigado; porque esa corrupción y esas prebendas redundan en carencias y sufrimientos para una alta proporción de compatriotas. A pesar de la cantidad de información aportada, nadie pudo desmentir las denuncias de Solanas en sus películas Memoria del saqueo, La próxima estación o Tierra sublevada, que no son una mera “apelación moralista estilo Frepaso”. Luego de padecer durante treinta años la hegemonía cultural y económica del neoliberalismo con su impunidad delictiva, Argentina clama por una profunda reforma moral e intelectual, como base de un proyecto capaz de dar respuesta a los desafíos de la actual crisis de época, algo que ni el pejotismo ni la oposición de derecha están en condiciones de promover.
Se nos cuestiona, además, que el grueso de las críticas de Proyecto Sur sea a “grupos lejanos y difusos (las empresas mineras depredadoras) en lugar de factores de poder cercanos y tangibles (los medios, el campo, la Iglesia)”. Esta estrategia discursiva sigue el patrón del kirchnerismo: establece una contradicción antagónica, una polarización irreductible con “factores de poder” considerados totalmente homogéneos, sin una mínima sutileza que permita percibir la heterogeneidad y las diferenciaciones internas de cada uno de ellos, como es el caso del sector rural. Al mismo tiempo, la crispación del conflicto intenta silenciar o velar los intereses que los ligan con esos “grupos lejanos y difusos” como Repsol, British Petroleum, Barrik Gold, La Alumbrera, Techint, Monsanto, Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, entre otros, que serían aliados incondicionales del movimiento nacional y popular. Nos permitimos afirmar que definiciones de este tipo le plantean al politólogo sueco una confusión mucho mayor que las posiciones políticas de Solanas y Proyecto Sur.
Leer más...
Con intención de darle una mano en su tesis de doctorado al politólogo sueco de Mario Wainfeld, trazamos algunas líneas de respuesta al artículo de José Natanson (Página/12, 11/09/09) y a sus interrogantes acerca de la posición de Solanas y Proyecto Sur. El periodista considera que se trata de una construcción política situada en un lugar extraño, en tanto combina oposición dura con apelación moralizante, y se le hace difícil comprender que “Solanas, cuyas películas transpiran peronismo, es, de todos los líderes de centroizquierda, el que mantiene la relación más intransigente con el peronismo, situándose en posiciones aún más inflexibles que las de opositores cuyo origen los aleja naturalmente del PJ, como los socialistas”. Como tantos otros, Natanson no puede o no quiere percibir el contraste entre el peronismo histórico y el pejotismo: el peronismo de los gobiernos de Perón y la resistencia peronista, con sus grandes aciertos y errores en tiempos turbulentos, frente a la fuerza política degradada que emerge del genocidio de la última dictadura.
Más allá del necesario balance crítico de ese período, el peronismo histórico –del cual provienen Solanas y una significativa proporción de integrantes de Proyecto Sur– nunca se apartó de tres ejes fundantes: la consigna Braden o Perón, como una clara oposición a las potencias hegemónicas con sus estrategias de despojo y subordinación; la defensa de los intereses nacionales sintetizada en el artículo 40 de la Constitución de 1949; la reivindicación de la justicia social y la dignidad de los trabajadores.
Por su parte, el pejotismo impulsó el proyecto más entreguista y antipopular de la historia argentina del siglo XX, incluyendo el de la Década Infame: las relaciones carnales; las aberrantes privatizaciones y prórrogas de concesiones o la fraudulenta deuda externa que se niegan a investigar a pesar del dictamen del juez Ballestero basado en las denuncias de Alejandro Olmos, manteniendo como política el endeudamiento, junto a los derechos sociales arrasados, son el espejo invertido de esa otra historia, aunque se implementaran cantando la Marcha. Para hacerlo, Menem necesitó del apoyo de varios miles de cuadros y dirigentes políticos o sindicales bajo la conducción del PJ: allí están en los archivos todos los nombres de los cómplices y beneficiarios, con los sucesivos acuerdos, traiciones o enfrentamientos mutuos. Sus conductas en el pasado reciente han generado dramáticas secuelas que aún perduran en nuestra sociedad: compararlos con José Martí, Túpac Amaru o Augusto Sandino (Mario Goloboff, en Página/12, 13/10/09) para fundamentar que el “mal de archivos” es “un inútil consuelo de tontos”, precisamente en esta Argentina que está luchando por la memoria, nos parece, como mínimo, un despropósito.
Proyecto Sur reivindica las mejores ideas del peronismo histórico, como parte de las tradiciones populares latinoamericanas, pero se opone duramente al pejotismo y a las medidas del Gobierno que son continuidad de los noventa; a ese “conservadurismo mal disfrazado de progresismo que es necesario desnudar”. Los ejemplos sobran. No obstante, con las condiciones pertinentes, se han apoyado y van a apoyarse aquellas iniciativas consideradas beneficiosas para el país y sus ciudadanos, sin importar quién las haya propuesto ni caer en las trampas de falsas polarizaciones.
Sustentamos una ética pública que, según Natanson, algunos consideran un “riesgo de apelación moralista estilo Frepaso como eje de la construcción política”. La ética pública afirma que hacer negocios personales y de amigos con recursos públicos pertenecientes a todos los argentinos es un delito gravísimo y debe ser duramente castigado; porque esa corrupción y esas prebendas redundan en carencias y sufrimientos para una alta proporción de compatriotas. A pesar de la cantidad de información aportada, nadie pudo desmentir las denuncias de Solanas en sus películas Memoria del saqueo, La próxima estación o Tierra sublevada, que no son una mera “apelación moralista estilo Frepaso”. Luego de padecer durante treinta años la hegemonía cultural y económica del neoliberalismo con su impunidad delictiva, Argentina clama por una profunda reforma moral e intelectual, como base de un proyecto capaz de dar respuesta a los desafíos de la actual crisis de época, algo que ni el pejotismo ni la oposición de derecha están en condiciones de promover.
Se nos cuestiona, además, que el grueso de las críticas de Proyecto Sur sea a “grupos lejanos y difusos (las empresas mineras depredadoras) en lugar de factores de poder cercanos y tangibles (los medios, el campo, la Iglesia)”. Esta estrategia discursiva sigue el patrón del kirchnerismo: establece una contradicción antagónica, una polarización irreductible con “factores de poder” considerados totalmente homogéneos, sin una mínima sutileza que permita percibir la heterogeneidad y las diferenciaciones internas de cada uno de ellos, como es el caso del sector rural. Al mismo tiempo, la crispación del conflicto intenta silenciar o velar los intereses que los ligan con esos “grupos lejanos y difusos” como Repsol, British Petroleum, Barrik Gold, La Alumbrera, Techint, Monsanto, Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, entre otros, que serían aliados incondicionales del movimiento nacional y popular. Nos permitimos afirmar que definiciones de este tipo le plantean al politólogo sueco una confusión mucho mayor que las posiciones políticas de Solanas y Proyecto Sur.
Leer más...
viernes, 9 de octubre de 2009
Bicentenario y segunda Emancipación
Por F. H.
La vacuidad con que se afrontan las “celebraciones” del Bicentenario es sintomática de la ceguera histórica que padece la dirigencia argentina en su conjunto. Los actores políticos y sociales dominantes de nuestro país no saben qué hacer con la memoria de un acontecimiento que desvela su incapacidad para impulsar un proyecto nacional que actualice aquí y ahora nuestra Emancipación y concluya su mandato liberador. Por otra parte, desde las instituciones no hay quien se haya preguntado si la catástrofe en que nos encontramos puede ser celebrada. A nadie se le antoja indagar en el pasado a fin de diagnosticar el fracaso, haciendo justicia a una necesaria actualización del hecho fundante, sumamente complejo, de la nacionalidad argentina. Pero, ¿qué significaría hoy en día rememorar y dar actualidad a nuestra Independencia? La conciencia política ha de saltar por sobre los siglos no para realizar conmemoraciones fósiles, sino para captar el pasado fallido y darle una nueva vida. Para realizar hoy lo que fracasó ayer. Actualizar el pasado significa salvarlo del conformismo y del olvido, del continuum temporal que nos ha traído hasta el presente.
No podemos pasar por alto que en América Latina, y nuestro país no fue la excepción, las guerras de independencia significaron el paso de la colonia a la neocolonia. A pesar de la revolución emancipadora, y de los extraordinarios fundamentos que la legitimaron, se produce en el siglo XIX el pasaje del colonialismo hispano al inglés, relevado más tarde por los Estados Unidos y otras potencias. Primeramente los patriotas criollos establecen contactos con las metrópolis europeas, pero aún responden a las tradiciones populares. Luego, los liberales olvidan el pasado y buscan el apoyo del capitalismo industrial anglosajón, con el que terminarán firmando un pacto de dependencia que les garantiza acceso a una "vida civilizada". El pacto consiste en la venta al centro de materias primas que serán devueltas pero transformadas industrialmente y a un precio mucho más elevado.
La vacuidad con que se afrontan las “celebraciones” del Bicentenario es sintomática de la ceguera histórica que padece la dirigencia argentina en su conjunto. Los actores políticos y sociales dominantes de nuestro país no saben qué hacer con la memoria de un acontecimiento que desvela su incapacidad para impulsar un proyecto nacional que actualice aquí y ahora nuestra Emancipación y concluya su mandato liberador. Por otra parte, desde las instituciones no hay quien se haya preguntado si la catástrofe en que nos encontramos puede ser celebrada. A nadie se le antoja indagar en el pasado a fin de diagnosticar el fracaso, haciendo justicia a una necesaria actualización del hecho fundante, sumamente complejo, de la nacionalidad argentina. Pero, ¿qué significaría hoy en día rememorar y dar actualidad a nuestra Independencia? La conciencia política ha de saltar por sobre los siglos no para realizar conmemoraciones fósiles, sino para captar el pasado fallido y darle una nueva vida. Para realizar hoy lo que fracasó ayer. Actualizar el pasado significa salvarlo del conformismo y del olvido, del continuum temporal que nos ha traído hasta el presente.
No podemos pasar por alto que en América Latina, y nuestro país no fue la excepción, las guerras de independencia significaron el paso de la colonia a la neocolonia. A pesar de la revolución emancipadora, y de los extraordinarios fundamentos que la legitimaron, se produce en el siglo XIX el pasaje del colonialismo hispano al inglés, relevado más tarde por los Estados Unidos y otras potencias. Primeramente los patriotas criollos establecen contactos con las metrópolis europeas, pero aún responden a las tradiciones populares. Luego, los liberales olvidan el pasado y buscan el apoyo del capitalismo industrial anglosajón, con el que terminarán firmando un pacto de dependencia que les garantiza acceso a una "vida civilizada". El pacto consiste en la venta al centro de materias primas que serán devueltas pero transformadas industrialmente y a un precio mucho más elevado.
El espejismo del poder y los dictámenes eurocéntricos de la civilización, el progreso y el lujo llevaron a las nuevas élites, ahora argentinas, y mayoritariamente porteñas, a absolutizar un proyecto histórico mercantilista y modernizador que dejaba afuera a las mayorías populares de la antigua colonia. La futura oligarquía fabricará entonces un conjunto de representaciones que darán paso a una hegemonía despótica, carente de consenso popular, que va a despreciar racionalmente la extracción amerindia de nuestro país, su raigambre latinoamericana e indígena. Con los años se instalará la dicotomía “civilización”/“barbarie”. Era la exacerbación filosófica y política, de inspiración anglosajona y en algún punto francesa, del ethos originario de la conquista. El resultado histórico fue nefasto: división centro/periferia dentro de nuestro país; destrucción de la industria y la tecnología nacionales, y de toda posibilidad de lograr un modelo de desarrollo autocentrado; enajenación de nuestros recursos naturales y estratégicos; dependencia en todos los órdenes del mundo de la vida cotidiana.
Así, pues, la necesidad de un juicio histórico de la primera Emancipación resulta más que evidente si observamos la historia de las instituciones y la cultura política argentinas.De un modo esquemático podemos resumir que: 1) A partir de 1810 el triunfo de la oligarquía criolla supuso la segregación de las mayorías populares. 2) Los sectores emergentes que llevaron a cabo la Emancipación, la “América Profunda” como expresa Rodolfo Kusch, fueron totalmente excluidos de la construcción política y simbólica de nuestra nacionalidad. En su Política de la liberación el filósofo Enrique Dussel señala que “las masas indígenas, los antiguos esclavos africanos, los mulatos y zambos, los mestizos y los inmigrantes empobrecidos constituirán un pueblo de los pobres excluidos de la ciudadanía real.” 3) El cuerpo civil de los criollos no sólo dominará sino que, es preciso remarcarlo, racionalizará su visión antropológica −sumamente racista− de los sectores populares. El pueblo propiamente dicho, “los de abajo” que diría Bertolt Brecht, el “bloque social de los oprimidos” según la expresión de Gramsci, fue desahuciado tras siglos de “descubrimiento”, y será nuevamente excluido después del período 1810-1816, que apenas supuso un cambio de sector dominante en el mismo bloque histórico en el poder, que de colonial hispánico pasó a ser neocolonial criollo. Salvando las distancias temporales, podemos concluir que hasta el día de hoy esa dinámica de exclusión sigue vigente: generación tras generación, el pueblo argentino sigue siendo empobrecido.
Ese "pecado original" de nuestra historia, atenuado en algunos capítulos de la misma (y siempre impugnado por la tradición o corriente histórica nacional y popular de los oprimidos, por los "condenados de la tierra argentina), sigue pasándonos factura y exige un salto cualitativo que libere la patria y democratice con radicalidad las instituciones vigentes. En efecto, durante casi dos siglos nuestra dirigencia ha sido incapaz de romper con la colonialidad del poder, con su implantación cultural, política, económica y espiritual. Es más, su complicidad ha sido y sigue siendo una constante patológica. El resultado lo padecemos cada día: pobreza e indigencia estructurales, corrupción pública, violencia y criminalidad, fragmentación social, aculturación, decadencia moral. Por ello, ahora tenemos que preguntarnos, ya cerca de 2010, si seguiremos en la lógica del encubrimiento y la eterna colonización y empobrecimiento del Otro; o si, por el contrario, tomaremos el Bicentenario como un desafío hacia la segunda Emancipación desde el poder liberador del Otro oprimido, del pueblo. Sólo cuando la interpelación del Otro deviene en praxis política y se encarna en las instituciones se hace posible la transformación del orden vigente hasta llegar a la donación -en su sentido más eminente- como ejercicio de la ética y la justicia. El primer centenario fue celebrado en toda América Latina por las elites oligárquicas. Desde el punto de vista de las víctimas, la cosa no ha cambiado mucho. La correa de transmisión de la etapa neocolonial sigue intacta, pero están dadas las condiciones para interrumpir su curso.
Como ha señalado en reiteradas ocasiones el conductor de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, el malestar en la política partidaria nacional (la "tenaza del bipartidismo") ha tocado fondo. Por ello, ante el estado de guerra permanente en que vivimos urge articular una política constructiva crítica en la que las mayorías populares y los sectores emergentes sean protagonistas de la Emancipación futura. Para ser más que una mera celebración arqueológica, en los años que vienen la vocación epocal del Bicentenario habrá de instaurar un nuevo tiempo en la cual se articulen e institucionalicen los cimientos estratégicos de un nuevo paradigma político, cultural y hermenéutico en la República Argentina. Nuestro pueblo, harto de engaños, exige un profundo replanteamiento ético del sentido del Estado y su vínculo con la sociedad. La política, enajenada por la corrupción, ha de transformarse en praxis liberadora donde la Vida juzgue a la Ley, y no al contrario.
Leer más...
Ese "pecado original" de nuestra historia, atenuado en algunos capítulos de la misma (y siempre impugnado por la tradición o corriente histórica nacional y popular de los oprimidos, por los "condenados de la tierra argentina), sigue pasándonos factura y exige un salto cualitativo que libere la patria y democratice con radicalidad las instituciones vigentes. En efecto, durante casi dos siglos nuestra dirigencia ha sido incapaz de romper con la colonialidad del poder, con su implantación cultural, política, económica y espiritual. Es más, su complicidad ha sido y sigue siendo una constante patológica. El resultado lo padecemos cada día: pobreza e indigencia estructurales, corrupción pública, violencia y criminalidad, fragmentación social, aculturación, decadencia moral. Por ello, ahora tenemos que preguntarnos, ya cerca de 2010, si seguiremos en la lógica del encubrimiento y la eterna colonización y empobrecimiento del Otro; o si, por el contrario, tomaremos el Bicentenario como un desafío hacia la segunda Emancipación desde el poder liberador del Otro oprimido, del pueblo. Sólo cuando la interpelación del Otro deviene en praxis política y se encarna en las instituciones se hace posible la transformación del orden vigente hasta llegar a la donación -en su sentido más eminente- como ejercicio de la ética y la justicia. El primer centenario fue celebrado en toda América Latina por las elites oligárquicas. Desde el punto de vista de las víctimas, la cosa no ha cambiado mucho. La correa de transmisión de la etapa neocolonial sigue intacta, pero están dadas las condiciones para interrumpir su curso.
Como ha señalado en reiteradas ocasiones el conductor de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, el malestar en la política partidaria nacional (la "tenaza del bipartidismo") ha tocado fondo. Por ello, ante el estado de guerra permanente en que vivimos urge articular una política constructiva crítica en la que las mayorías populares y los sectores emergentes sean protagonistas de la Emancipación futura. Para ser más que una mera celebración arqueológica, en los años que vienen la vocación epocal del Bicentenario habrá de instaurar un nuevo tiempo en la cual se articulen e institucionalicen los cimientos estratégicos de un nuevo paradigma político, cultural y hermenéutico en la República Argentina. Nuestro pueblo, harto de engaños, exige un profundo replanteamiento ético del sentido del Estado y su vínculo con la sociedad. La política, enajenada por la corrupción, ha de transformarse en praxis liberadora donde la Vida juzgue a la Ley, y no al contrario.
jueves, 8 de octubre de 2009
El “lebensraum” argentino del siglo XXI
Por Alcira Argumedo (Socióloga y Diputada nacional electa de Proyecto Sur)
Basada en el concepto de razas de las ciencias biológicas por entonces en auge, la teoría del lebensraum –del espacio vital– fue formulada hacia fines del siglo XIX por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1906). La teoría fundamenta el derecho de los pueblos superiores a apoderarse de los territorios de los pueblos salvajes, atrasados e inferiores –y si es preciso, eliminarlos– con el fin de utilizar esos territorios como espacio vital requerido para desplegar en ellos la civilización. Estas ideas legitimaron la expansión imperialista de las potencias europeas y Estados Unidos entre 1871 y 1914, cuando someten a la expoliación bajo formas coloniales o neocoloniales al 82 por ciento de la población mundial en Asia, África y América latina. El “espíritu de época” en Alemania y el Occidente central en esos tiempos tuvieron su influencia en las clases privilegiadas de América latina, que habían consolidado las repúblicas oligárquicas. La Conquista del Desierto del general Roca se enmarca en estas concepciones, legitimando el genocidio de los pueblos mapuches, así como la entrega de más de 2 millones de hectáreas de ese espacio vital a su amigo Martínez de Hoz, para que desplegara en ellas la civilización.
El pequeño Adolfo Hitler (1889-1945) habría incorporado tales ideas cuando cursaba su escuela en Linz, en tanto la convicción acerca de la superioridad de la raza blanca era el centro de la cultura occidental dominante y del sentido común, reproducido mediante el sistema educativo. Al ser designado canciller de Alemania, desde 1933 retoma para el Tercer Reich las enseñanzas de Friedrich Ratzel sobre el lebensraum, con el fin de aplicarlas a las naciones eslavas del este europeo y a otras razas inferiores como el pueblo judío y los gitanos. Haciendo un salto en la historia –y sin ignorar que la teoría continuó siendo utilizada en países de Africa y América latina a pesar del espanto del Holocausto–, en los albores del siglo XXI la vemos emerger en la Argentina bajo la modalidad del desmonte de bosques nativos, con el desplazamiento de campesinos e indígenas que desde tiempos ancestrales viven en ellos y de ellos obtienen su sustento. Entre otros, gobernantes y funcionarios corruptos, grandes corporaciones locales o extranjeras, junto con pooles de siembra y empresarios amigos, son ahora las razas superiores que pretenden legitimarse en una moderna teoría del lebensraum, con el objetivo de desplegar sus negocios civilizados en esos espacios vitales.
Despojados de sus territorios, acosados por el hambre y la angustia, vemos morir por desnutrición a chicos y ancianos aborígenes o campesinos en Salta, en Chaco, en Formosa, en Misiones y en otras provincias, mientras enfermedades como el dengue se propagan a causa de esos desmontes y de la migración o la muerte de los pájaros que se alimentan de los mosquitos transmisores. Tartagal fue otra consecuencia de la moderna teoría del lebensraum –a pesar de los intentos por explicarnos que era un “fenómeno natural”–, sin mencionar las secuelas de los agrotóxicos en distintas regiones del país. Una consecuencia más ha sido la muerte, también en Salta, del joven ava guaraní Fabián Pereyra, asesinado por los guardias privados del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal el 15 de septiembre de 2006, por hurtar naranjas en tierras ahora pertenecientes a esa noble empresa, aunque durante siglos fueran patrimonio de los antepasados de Fabián.
Ante las resoluciones 327 y 334/09 promulgadas por el gobernador Juan Manuel Urtubey, promoviendo la “reanudación de la ejecución de las tareas de aprovechamiento forestal en los departamentos de San Martín, Orán y Santa Victoria” –es decir, continuar derribando árboles en el norte salteño–, las comunidades indígenas presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que solicita la inmediata suspensión de tales resoluciones. La tragedia de Tartagal en el mes de febrero de 2009 impulsó la tardía reglamentación de la Ley de Bosques –aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2007– y aconsejó prudencia al gobernador salteño. No obstante, apenas los medios de comunicación dejaron de centrarse en la conmoción del alud que destruyera gran parte de esa ciudad, se reanudó la devastación de los montes. En un fallo que está lejos de honrarlos, el pasado 11 de agosto los siete miembros de la Corte Suprema rechazan el amparo y permiten al gobernador seguir adelante con su proyecto, sin tomar en consideración las denuncias de talas y desmontes clandestinos que, según declaraciones de las comunidades afectadas, acompañaron ese recurso de amparo. El fundamento básico de nuestro máximo tribunal es de carácter semántico, ya que diferencia prima facie los conceptos de “aprovechamiento forestal”, “tala” y “desmonte”; aunque en los hechos los tres conceptos se vinculan con la destrucción de árboles en los montes nativos, habilitando los negocios de los nuevos seres humanos superiores y degradando el hábitat de las comunidades originarias. Por lo demás, en Tartagal nunca quedó claro si los árboles cortados que arrastrara el alud, causando muerte y duros sufrimientos, se debían a “aprovechamiento forestal”, “tala” o “desmonte”: tres modalidades por medio de las cuales se está ejecutando la teoría del lebensraum en Salta y en varias provincias argentinas.
En esos mismos días llegaron a Buenos Aires veinte mujeres representantes de comunidades wichís y guaraníes de Salta, con el propósito de denunciar y hacer visible ante nuestros ojos que el avance de los desmontes y la depredación de sus territorios significan de hecho una condena a muerte para esas comunidades. La desproporción de sus fuerzas frente a las nuevas razas superiores del país evoca la epopeya de otras mujeres con pañuelos blancos que enfrentaran a la dictadura. Ahora se supone que estamos en democracia y los ciudadanos detentan el derecho a la vida y a la igualdad: todo indica que no es así. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de respuestas por parte del INAI, de la Secretaría de Medio Ambiente y de otros organismos de gobierno ante los cuales plantearon sus reclamos, nos permite afirmar, con profundo dolor, que los sentimientos de nuestros compatriotas indígenas y campesinos en esta Argentina no distan demasiado del de los judíos bajo el Tercer Reich.
Pero el lebensraum no los afecta solamente a ellos. También en estos días el gobernador de Neuquén intenta despojar de sus espacios territoriales a la comunidad mapuche Paycil Anxiaw, que ha denunciado las agresiones sufridas ante la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos, dada su lógica desconfianza ante la Justicia nacional. Por su parte, un camión de la mina La Alumbrera derramó grandes cantidades de gasoil en el río Belén de Catamarca, dejando a toda la población sin agua debido a la magnitud de la contaminación: los comerciantes subieron los precios del agua mineral y demasiadas familias se ven obligadas a dar de beber a sus chicos agua con gasoil; lo hacen llorando al saber que los están condenando a morir. La Secretaría de Medio Ambiente tiene ojos ciegos ante el problema; por su parte, una alumna de la Tecnicatura en Medio Ambiente relata que el profesor a cargo de las materias Auditoría ambiental y Seguridad e higiene es de la Universidad de Tucumán –receptora de subsidios de esa corporación minera, así como otras universidades nacionales– y prohíbe a sus alumnos mencionar los efectos de la contaminación derivada de los derrames del mineraloducto en el suelo, en las plantas, en los animales y en las personas. En San Juan, el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares permitió que sólo para la mina a cielo abierto Pascua Lama se utilicen 200 camiones de cianuro y 2400 camiones de explosivos por año, además de agua potable en cantidades descomunales; pero el gobernador José Luis Gioja afirma que el emprendimiento carece de impacto ambiental negativo. Estos son algunos ejemplos de depredación salvaje y no se requiere demasiada perspicacia para prever sus consecuencias: el lebensraum argentino incluye cada día nuevas camadas de habitantes, coartándoles sus posibilidades de vida en una ofrenda a las nuevas razas superiores. Parafraseando a Bertolt Brecht, es posible pensar “yo no era wichí o guaraní, no era mapuche ni campesino, no vivía en Belén o en Catamarca, mi agua no venía de la cordillera, entonces callaba; ahora”... Leer más...
Basada en el concepto de razas de las ciencias biológicas por entonces en auge, la teoría del lebensraum –del espacio vital– fue formulada hacia fines del siglo XIX por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1906). La teoría fundamenta el derecho de los pueblos superiores a apoderarse de los territorios de los pueblos salvajes, atrasados e inferiores –y si es preciso, eliminarlos– con el fin de utilizar esos territorios como espacio vital requerido para desplegar en ellos la civilización. Estas ideas legitimaron la expansión imperialista de las potencias europeas y Estados Unidos entre 1871 y 1914, cuando someten a la expoliación bajo formas coloniales o neocoloniales al 82 por ciento de la población mundial en Asia, África y América latina. El “espíritu de época” en Alemania y el Occidente central en esos tiempos tuvieron su influencia en las clases privilegiadas de América latina, que habían consolidado las repúblicas oligárquicas. La Conquista del Desierto del general Roca se enmarca en estas concepciones, legitimando el genocidio de los pueblos mapuches, así como la entrega de más de 2 millones de hectáreas de ese espacio vital a su amigo Martínez de Hoz, para que desplegara en ellas la civilización.El pequeño Adolfo Hitler (1889-1945) habría incorporado tales ideas cuando cursaba su escuela en Linz, en tanto la convicción acerca de la superioridad de la raza blanca era el centro de la cultura occidental dominante y del sentido común, reproducido mediante el sistema educativo. Al ser designado canciller de Alemania, desde 1933 retoma para el Tercer Reich las enseñanzas de Friedrich Ratzel sobre el lebensraum, con el fin de aplicarlas a las naciones eslavas del este europeo y a otras razas inferiores como el pueblo judío y los gitanos. Haciendo un salto en la historia –y sin ignorar que la teoría continuó siendo utilizada en países de Africa y América latina a pesar del espanto del Holocausto–, en los albores del siglo XXI la vemos emerger en la Argentina bajo la modalidad del desmonte de bosques nativos, con el desplazamiento de campesinos e indígenas que desde tiempos ancestrales viven en ellos y de ellos obtienen su sustento. Entre otros, gobernantes y funcionarios corruptos, grandes corporaciones locales o extranjeras, junto con pooles de siembra y empresarios amigos, son ahora las razas superiores que pretenden legitimarse en una moderna teoría del lebensraum, con el objetivo de desplegar sus negocios civilizados en esos espacios vitales.
Despojados de sus territorios, acosados por el hambre y la angustia, vemos morir por desnutrición a chicos y ancianos aborígenes o campesinos en Salta, en Chaco, en Formosa, en Misiones y en otras provincias, mientras enfermedades como el dengue se propagan a causa de esos desmontes y de la migración o la muerte de los pájaros que se alimentan de los mosquitos transmisores. Tartagal fue otra consecuencia de la moderna teoría del lebensraum –a pesar de los intentos por explicarnos que era un “fenómeno natural”–, sin mencionar las secuelas de los agrotóxicos en distintas regiones del país. Una consecuencia más ha sido la muerte, también en Salta, del joven ava guaraní Fabián Pereyra, asesinado por los guardias privados del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal el 15 de septiembre de 2006, por hurtar naranjas en tierras ahora pertenecientes a esa noble empresa, aunque durante siglos fueran patrimonio de los antepasados de Fabián.
Ante las resoluciones 327 y 334/09 promulgadas por el gobernador Juan Manuel Urtubey, promoviendo la “reanudación de la ejecución de las tareas de aprovechamiento forestal en los departamentos de San Martín, Orán y Santa Victoria” –es decir, continuar derribando árboles en el norte salteño–, las comunidades indígenas presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que solicita la inmediata suspensión de tales resoluciones. La tragedia de Tartagal en el mes de febrero de 2009 impulsó la tardía reglamentación de la Ley de Bosques –aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2007– y aconsejó prudencia al gobernador salteño. No obstante, apenas los medios de comunicación dejaron de centrarse en la conmoción del alud que destruyera gran parte de esa ciudad, se reanudó la devastación de los montes. En un fallo que está lejos de honrarlos, el pasado 11 de agosto los siete miembros de la Corte Suprema rechazan el amparo y permiten al gobernador seguir adelante con su proyecto, sin tomar en consideración las denuncias de talas y desmontes clandestinos que, según declaraciones de las comunidades afectadas, acompañaron ese recurso de amparo. El fundamento básico de nuestro máximo tribunal es de carácter semántico, ya que diferencia prima facie los conceptos de “aprovechamiento forestal”, “tala” y “desmonte”; aunque en los hechos los tres conceptos se vinculan con la destrucción de árboles en los montes nativos, habilitando los negocios de los nuevos seres humanos superiores y degradando el hábitat de las comunidades originarias. Por lo demás, en Tartagal nunca quedó claro si los árboles cortados que arrastrara el alud, causando muerte y duros sufrimientos, se debían a “aprovechamiento forestal”, “tala” o “desmonte”: tres modalidades por medio de las cuales se está ejecutando la teoría del lebensraum en Salta y en varias provincias argentinas.
En esos mismos días llegaron a Buenos Aires veinte mujeres representantes de comunidades wichís y guaraníes de Salta, con el propósito de denunciar y hacer visible ante nuestros ojos que el avance de los desmontes y la depredación de sus territorios significan de hecho una condena a muerte para esas comunidades. La desproporción de sus fuerzas frente a las nuevas razas superiores del país evoca la epopeya de otras mujeres con pañuelos blancos que enfrentaran a la dictadura. Ahora se supone que estamos en democracia y los ciudadanos detentan el derecho a la vida y a la igualdad: todo indica que no es así. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de respuestas por parte del INAI, de la Secretaría de Medio Ambiente y de otros organismos de gobierno ante los cuales plantearon sus reclamos, nos permite afirmar, con profundo dolor, que los sentimientos de nuestros compatriotas indígenas y campesinos en esta Argentina no distan demasiado del de los judíos bajo el Tercer Reich.
Pero el lebensraum no los afecta solamente a ellos. También en estos días el gobernador de Neuquén intenta despojar de sus espacios territoriales a la comunidad mapuche Paycil Anxiaw, que ha denunciado las agresiones sufridas ante la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos, dada su lógica desconfianza ante la Justicia nacional. Por su parte, un camión de la mina La Alumbrera derramó grandes cantidades de gasoil en el río Belén de Catamarca, dejando a toda la población sin agua debido a la magnitud de la contaminación: los comerciantes subieron los precios del agua mineral y demasiadas familias se ven obligadas a dar de beber a sus chicos agua con gasoil; lo hacen llorando al saber que los están condenando a morir. La Secretaría de Medio Ambiente tiene ojos ciegos ante el problema; por su parte, una alumna de la Tecnicatura en Medio Ambiente relata que el profesor a cargo de las materias Auditoría ambiental y Seguridad e higiene es de la Universidad de Tucumán –receptora de subsidios de esa corporación minera, así como otras universidades nacionales– y prohíbe a sus alumnos mencionar los efectos de la contaminación derivada de los derrames del mineraloducto en el suelo, en las plantas, en los animales y en las personas. En San Juan, el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares permitió que sólo para la mina a cielo abierto Pascua Lama se utilicen 200 camiones de cianuro y 2400 camiones de explosivos por año, además de agua potable en cantidades descomunales; pero el gobernador José Luis Gioja afirma que el emprendimiento carece de impacto ambiental negativo. Estos son algunos ejemplos de depredación salvaje y no se requiere demasiada perspicacia para prever sus consecuencias: el lebensraum argentino incluye cada día nuevas camadas de habitantes, coartándoles sus posibilidades de vida en una ofrenda a las nuevas razas superiores. Parafraseando a Bertolt Brecht, es posible pensar “yo no era wichí o guaraní, no era mapuche ni campesino, no vivía en Belén o en Catamarca, mi agua no venía de la cordillera, entonces callaba; ahora”... Leer más...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
