lunes, 28 de septiembre de 2009

El Movimiento Proyecto Sur marchó en solidaridad con los trabajadores de Terrabusi-Kraft

Esta tarde un nutrido grupo de militantes del Movimiento Proyecto Sur marchamos junto con diversas organizaciones sociales desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en solidaridad con los 162 trabajadores despedidos y los 31 suspendidos (por 15 días) de la multinacional alimenticia Kraft. Nuestro diputado electo Fernando "Pino" Solanas y otros referentes del Movimiento como el legislador electo Julio Raffo y el secretario general del PSA Mario Mazzitelli estuvieron presentes en el acto. Pino conversó con los trabajadores desplazados y apoyó la marcha y el pedido de reincorporación. También hubo movilizaciones en las provincias de Buenos Aires, Salta, Jujuy y Neuquén.
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sábado, 26 de septiembre de 2009

“Proyecto Sur se planta frente a esta tentativa de honrar una deuda ilegítima”

Por Redacción InfoSUR

Este jueves por la tarde, en conferencia de prensa, los referentes de Proyecto Sur se refirieron a la “alarmante situación social” y criticaron la decisión del gobierno nacional, a través de su ministro de Economía, Amado Boudou, de “honorar estas deudas ilegítimas y no la enorme deuda interna con nuestro pueblo”, según advirtió Solanas. También se refirieron al dictamen de minoría que se presentará para el Presupuesto 2010.

“El hecho de que la ciudad haya estado cortada por sectores sociales en situación desesperante y el mismo conflicto por despidos en la ex Terrabusi demuestran que estamos ante una situación alarmante, que el gobierno nacional no resuelve”, sostuvo Solanas, quien luego recordó que “por eso repetimos que es urgente suspender por 180días los despidos, establecer una asignación universal por hijos y que existen rentas excepcionales para paliar esta situación.”

Solanas se quejó de que las “respuestas oficiales han sido evasivas, al punto que la presidente ha contestado que no existen esas rentas, obviando que por lo pronto hay casi 7000 millones de pesos de exenciones impositivas para utilizar.”

“Frente a esta situación –continuó Solanas- nos enteramos que se han reiniciado las negociaciones para honorar una gran estafa pública, que es la deuda del Club de París, una deuda nacida en la dictadura y que según jurisprudencia internacional –la doctrina de la Deuda Odiosa- no se debe pagar al haber sido contraída por gobiernos dictatoriales. ¡Pregúntenle a Bush que aplicó esta doctrina en Irak! Si para el gobierno la prioridad es honorar estas deudas y no honrar la enorme deuda interna con nuestro pueblo, decimos que Proyecto Sur se planta frente a esta tentativa de honorar una deuda ilegítima”

En el mismo sentido, el Secretario general del PSA, Mario Mazzitelli, criticó que se utilice como "mecanismo para enfrentar la crisis el reintegro de la Argentina a los mercados financieros internacionales, a los lazos con el FMI y el pago de la deuda al Club de Paris. Son caminos que ya transitamos y nos llevaron a la crisis del 2001".

Luego agregó que "ante la situación actual: entre 14 y 16 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, de los cuales seis millones son menores, y dos millones y medio de niños en la indigencia, Proyecto Sur no acepta que se hipoteque el futuro de los chicos y la sociedad argentina, regresando a los '90 y al neoliberalismo sino que propone un fuerte proyecto de reindustrialización".

Durante la conferencia, se adelantó que se están terminando de preparar una veintena de proyectos de ley que cubre aspectos sociales, la reconstrucción de industrias públicas y los servicios integrales, educación y cultura, y la contaminación de la megaminería, entre otros. Al tiempo que se recordó que están presentados los proyectos de asignación universal por hijo, seguro de desempleo , de democratización de la Anses para evitar el uso discrecional de los fondos, y una propuesta de reconstrucción de los haberes jubilatorios.

En este sentido, el diputado nacional Claudio Lozano se refirió al dictamen de minoría que presentará por el Presupuesto 2010: “Este dictamen tiene dos componentes importantes: por un lado, la contemplación de la asignación universal por hijo y, por el otro, el uso de 6000 millones de dólares de las reservas del BCRA para infraestructura de transporte, energía, industria y agropecuaria, porque la propuesta oficial significa confiar en que nos sigan comprando soja desde China e India y que inviertan los capitales dominantes, básicamente extranjeros, por lo tanto, economía de exportación y más concentración y extranjerización.”

Lozano aprovechó también para informar sobre la denuncia penal presentada contra Boudou y directivos de la ANSES, por presuntos manejos irregulares con los fondos del ente previsional y que lo llamarán en las próximas horas para ratificarla.
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viernes, 25 de septiembre de 2009

Las razones de un apoyo

Por Julio Raffo (legislador electo por Proyecto Sur)

Desde hace más de quince años Pino Solanas y quienes lo acompañamos políticamente venimos bregando por una nueva ley para la radiodifusión argentina. No necesitamos tener un enfrentamiento coyuntural con el grupo Clarín para levantar y defender esta bandera, ni nos dejamos arrastrar nunca por el horizonte que beneficiara el negocio de las telefónicas, que participaron durante el menemato del saqueo del patrimonio nacional con la colaboración activa de los Parrilli y el silencio complaciente y cómplice de los gobernadores de entonces.

No fuimos ni funcionarios ni aplaudidores de Menem y sus secuaces.

No cargamos con el estigma de haber propiciado la prórroga ilegal e ilegítima de las licencias realizada mediante el Decreto 257 en las últimas horas del gobierno del presidente Kirchner.

Por todo ello, recibimos con alegría el que se propiciara la reforma de la ley vigente y apoyamos la decisión de la Presidenta de poner sobre el tapete una “propuesta” para esa reforma. Pero no nos sumamos al coro de “aplaudidores a libro cerrado”, muchos de los cuales ejercieron destacadamente esa actividad en los gobiernos de Carlitos, de Eduardo y de Néstor.

Leímos la propuesta e hicimos públicas nuestras críticas y, si bien el Gobierno hizo algunas correcciones menores, el proyecto que envió a la Cámara de Diputados mantuvo intactos los contenidos que desvirtuaban, en gran medida, los principios levantados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática; principios que, desde siempre, son también los nuestros.

Por eso, nos diferenciamos de los “aplaudidores a libro cerrado” (que actuaron algunos por error, otros por obediencia y otros por razones prebendarias) y expusimos las 25 razones por las cuales discrepábamos con el proyecto del Ejecutivo adelantando que no nos dejaríamos arrastrar al escenario maniqueo y tramposo según el cual “o se estaba con la ley de la dictadura y el monopolio Clarín”, o se debía estar dispuesto a apoyar “cualquier cosa”.

Estuvimos tan lejos de una como de otra posición extrema y malsana, porque esos escenarios además de ser tamposos les hacen daño al país, a sus instituciones y a la calidad de su legislación.

La oposición de derecha, con todos sus matices, cerró filas contra toda y cualquier reforma, con argumentos falsos para evitar un avance en este campo. Por su parte, el “bloque histórico K”, cuyo arco va desde Aldo Rico, Ramón Saadi y Oscar Parrilli hasta Hebe de Bonafini, no salió a la calle a exigir corrección ninguna. Algunos de ellos confiaban (¿confiaban?) en que los diputados del Pejota (que recientemente confesaron que aprueban las leyes que les mandan sin leerlas) irían, esta vez, a cumplir dignamente con su labor.

Nosotros no tuvimos esa confianza, y por ello exigimos que las reformas cruciales (que –según decían– serían aceptadas) el partido oficialista las hiciera suyas, las escribiera y las firmara en el dictamen de comisión que bajaría al plenario de la Cámara.

Y así fue. De nuestras 25 razones, el dictamen de mayoría incorporó 17 y, entre ellas, las que excluyó del negocio de las telefónicas, la picardía en las llamadas “reservas para las entidades sin fines de lucro”, el injustificado privilegio a la Iglesia Católica, la imposición de la Autoridad de Aplicación dependiente y controlada por el Ejecutivo, un Consejo Federal pintado, el desconocimiento al espacio radioeléctrico como “bien público”, el permitir que la autoridad de aplicación mire para lado frente a efectos de las emisiones en la salud de la gente (que algo importa), el que la cuota de pantalla en la TV fuese una ficción inaplicable, el permitir la discriminación por “opción sexual”, etc., etc.

Ante el compromiso formal que significó el incorporar la mayoría de nuestras propuestas al dictamen que sería tratado en el recinto, Proyecto Sur, mediante su diputado Claudio Lozano, sólo se incorporó a la sesión una vez que el oficialismo obtuvo el quórum, repudió el procedimiento prepotente que cercenó las posibilidades de un debate más amplio y votó “en general” a favor del mismo y, en el debate “en particular”, siguió bregando por mejorarlo.

Tengo la convicción de que, si nos hubiésemos sumado a los “aplaudidores a libro cerrado” el “no-importa-qué-pero-es-K” o a los “críticos en voz baja”, ninguna de esa reformas se habría introducido en la ley, porque el proyecto hubiese seguido estando bajo el control “devido”.

Por todo ello, hoy festejemos que el proyecto de ley se haya aprobado en Diputados con las principales modificaciones que propusimos. Es de esperar que sea aprobado por la Cámara de Senadores.

Insistimos mucho en el tema telefónicas porque estamos convencidos de que “el chorear no es progresista”.

Fuente: Página 12
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miércoles, 23 de septiembre de 2009

El Movimiento Proyecto Sur se planta frente a Macri

En la tarde de hoy, en el café Cabildo de Buenos Aires, el referente y diputado electo del Movimiento Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, el diputado en funciones Claudio Lozano y los legisladores electos por la Ciudad de Buenos Aires (del mismo Movimiento) ofrecieron una conferencia de prensa en la que cuestionarion de manera tajante algunas decisiones impulsadas recientemente por el jefe de gobierno Mauricio Macri.

Encabezados por Solanas, los miembros del MPSur apuntaron a prácticas políticas de PRO que violentan y transgreden la legalidad vigente; sobre todo se cuestionó la decisión de M. Macri de adelantar en casi dos meses la designación de un candidato al Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad. El adelantamiento no es sino una estrategia antidemocrática que pretende esquivar la renovación de la cámara en diciembre próximo. Lozanó afirmó que Macri hace en la Ciudad lo que le cuestiona al gobierno nacional; "hay un doble standard", dijo Lozano.

El lugar en el Tribunal quedará vacante el 1 de octubre, cuando se haga efectiva la renuncia del juez Julio Maier. Pero Macri presentó la candidatura el pasado 14 de agosto, un mes y medio antes de lo que señala el procedimiento, que debe atenerse a que entre en vigencia la vacante que dejará Maier. El objetivo es "impedir que opinemos al respecto", señaló el legislador electo Rafael Gentili. La designada por Macri es la magistrada Daniela Ugolini, quien según Gentili "no reúne las condiciones de independencia de criterio y el compromiso con los derechos humanos".

Como cierre, Solanas se refirió no sólo a la oscuridad que circunda tal designación, sino también a las dudas que genera el patrimonio millonario de la jueza Ugolini y a los negocios inmobiliarios que lleva adelante la Administración macrista. Solanas aseguró que el bloque del Movimiento Proyecto Sur en la Ciudad, que se incorporará a la legislatura en diciembre próximo, será "una auditoría permanente en defensa de los intereses de los ciudadanos" ante cada movimiento del gobierno de Macri, que no es sino -según el propio Solanas- "una máquina de negocios espurios". Leer más...

lunes, 21 de septiembre de 2009

Los cambios que logramos en la Ley de Medios

Por Redacción InfoSUR

Entre el primer proyecto presentado por el oficialismo y el texto final hubo numerosas y fundamentales modificaciones promovidas por Proyecto Sur, las cuales decidieron el voto. Acá, en base al trabajo del especialista y legislador electo Julio Raffo, te contamos cuáles fueron los cambios que hacen de este texto una ley que democratiza el espacio audiovisual.

Al constatar que el proyecto presentado por el oficialismo iba a permitir, entre otros puntos, un negociado a la altura de las telefónicas y a facilitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, Proyecto Sur presentó un proyecto de ley propio con 25 propuestas de modificación que consideró fundamentales para que la nueva ley de medios respetara el espíritu y contenido de los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD).

Telefónicas, Autoridad de Aplicación y Bien Público

Cumpliendo con un rol crítico, pero siendo fieles a la premisa de nuestro nacimiento, de no patear todo lo que viene del Gobierno o de la oposición, sino aceptando lo que es bueno para el país y rechazando lo criticable, Proyecto Sur logró que el gobierno cediera en los puntos más cuestionados y otros tantos.

Entre los tres ítems fundamentales que se exigió modificar o eliminar, en primer lugar, requerimos que se eliminara la entrada de la TELEFÓNICAS y fuimos integralmente atendidos eliminándose el texto original del artículo 25.

En segundo término, exigimos que la Autoridad de Aplicación NO estuviese en “el ámbito de Poder Ejecutivo NI dentro de la Secretaría de Medios de Comunicación. Fue atendido en el artículo 10, siendo ahora “Un organismo descentralizado y Autárquico…”

También pedimos que la Autoridad de Aplicación tuviese una representación PLURAL Y FEDERAL. En este caso no fuimos integralmente atendidos, PERO un organismo que inicialmente se integraba con CINCO miembros, tres de los cuales los designaba el Ejecutivo, pasó a integrarse con SIETE MIEMBROS: DOS los designa el Ejecutivo; TRES, el Parlamento (Comisión Bicameral) integrando a la Primera, Segunda y Tercera minoría; y DOS lo designa el Consejo Federal que tiene una integración federal y plural (Art. 14).Requerimos asimismo que el Consejo Federal tuviese la facultad de REMOVER a los miembros del Directorio. Fuimos atendidos en los artículos 14 y 15.

En tercer lugar, pedimos que se incorporara que “el espacio radioeléctrico es un bien público del Estado”, y así fue. El concepto fue incorporado en el artículo 7.

Otras gracias

También requerimos que se incorporara como un DEBER de la Autoridad de Aplicación, el “realizar periódicamente los estudios técnicos para evaluar el nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas en el cuerpo humano y el ambiente, al efecto de impedir todo tipo de emisiones que resulten nocivas a la salud o provoquen daño ambiental.” Fue incorporado en el artículo 12

Pedimos que se MODIFICARA el texto del Art. 5º restringiendo la aplicación analógica de las definiciones sólo a: “los Tratados Internacionales, de Telecomunicaciones o Radiodifusión en los que la REPÚBLICA ARGENTINA sea parte y en la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19.798 y sus normas reglamentarias.” La restricción fue incorporada en el artículo 5.

El gobierno nacional también cedió al pedido de que el Defensor del Público pudiese ser removido por incumplimiento de sus funciones. Así se incluyó en el artículo 18 “e”.

Proyecto Sur consiguió además que la designación del Defensor del Público fuera realizada democráticamente y NO por el Poder Ejecutivo. Fuimos atendidos en el Artículo 20: se lo designa por Resolución Conjunta de lo Presidentes de ambas Cámaras a propuesta de la Bicameral.

Requerimos que la Designación del Defensor del Público tuviese un amplio sometimiento a audiencias públicas. NO fuimos atendidos integralmente, pero se mejoró el artículo 20 en ese aspecto.

Pedimos también que las licencias para emisoras de baja potencia no fuera una MERA POTESTAD del Poder Ejecutivo Nacional, sino UNA OBLIGACION de la Autoridad de Aplicación. Fuimos atendidos en el artículo 49.

Asimismo, logramos que NO se excluyera a las emisoras de la Iglesia Católica de las obligaciones relativas a los contenidos de las emisiones y así lo dice ahora en el artículo 65.

Proyecto Sur pidió que se modificara el texto del artículo que preveía la Cuota de Pantalla del Cine Nacional eliminándose la restricción contenida y por la cual se excluían de sus beneficios a las películas realizadas con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y fuimos atendidos en el Artículo 67.

Requerimos que se incluyera entre las discriminaciones vedadas por la ley la discriminación relativa a la orientación sexual. Así se consiguió en el artículo 70.

Pedimos que se replantee la distribución de los recursos para respetar los ingresos históricos del Inca y se logró en el artículo 97.

Logramos que se eliminara del régimen de reserva de licencias para las asociaciones sin fines de lucro (el 33%) la frase que decía “La Autoridad de aplicación podrá disponer de la reserva para otros interesados”. Esto se quitó del artículo 89.

Finalmente, el gobierno cedió parcialmente en que se restringiera la aplicación de los tratados de reciprocidad de inversiones que posibilitan la participación de empresas extranjeras en la radiodifusión. En este caso, la aplicación se limitó a los tratados que prevén reciprocidad en la radiodifusión.

Cambios en particular

Luego de constatar a media tarde del miércoles que se habían incorporado estas exigencias, tras aprobar en general el proyecto de ley, a través del diputado Claudio Lozano se procedió a criticar algunos artículos en particular que fueron atendidos, entre ellos el ya mencionado referido al artículo 12.

También, en plena madrugada, se logró modificar el articulo 97 y establecer la necesidad de que exista un fondo de fomento para la música. Así se destinó un 2 % para "la creación del Instituto Nacional de la Música" a propuesta del diputado Claudio Lozano y a insistencia de los presentes de la Unión de Músicos Independientes.

Finalmente, también se agregó al final del artículo 76 que la Autoridad de Aplicación, previa consulta al Consejo Federal, deberá fijar los topes de pauta oficial que podrán recibir los medios privados con o sin fines de lucro y exige al Estado que contemple "criterios de equidad y razonabilidad en la distribución, siendo un primer paso a la regulación de la invesrión publicitaria gubernamental."
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