Pino Solanas junto a Giustiniani: “quedó demostrado que la reforma electoral es proscriptiva y anacrónica”

“El gobierno nacional dejó en claro lo que ya anticipamos, que el objetivo de la reforma política es allanar el camino para Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2011.

Este veto junto al anuncio presidencial de pagar con reservas del BCRA los vencimientos de la deuda externa incumpliendo con la deuda social de la Argentina son parte del mismo modelo”, coincidieron Rubén Giustiniani, Pino Solanas, Claudio Lozano y Mario Mazzitelli.

Los cuatro dirigentes Giustiniani (Partido Socialista), Solanas, Lozano y Mazzitelli (Proyecto Sur) agregaron que en materia económica el Ejecutivo Nacional hoy “dejó en claro que sus prioridades no son resolver la desigualdad social, el hambre y la pobreza en la Argentina, sino garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública”.

En cuanto a las observaciones en la nueva ley de reforma política Giustiniani, Solanas, Lozano y Mazzitelli afirmaron que con este veto “quedó demostrado que la reforma electoral es proscriptiva y anacrónica. Entendemos que para realizar una verdadera reforma política es esencial definir los objetivos de la misma con referencia a los problemas reales del sistema político, y no a los intereses de determinados actores”.

“El hecho de que la ley fuese votada por un solo sector político -agregaron- desatendiendo los imprescindibles consensos mínimos que el tema requería, advertía este desenlace que da cuentas de una reforma política que se erige como “traje a medida” para el candidato oficialista”.

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó hoy la ley 26.571 de reforma política, observando parcialmente mediante el decreto 2004/09 los artículos 107 y 108 del texto sancionado por el Congreso de la Nación.

Esos artículos integraban el capítulo de disposiciones transitorias de la ley y otorgaban a las agrupaciones políticas un plazo de adecuación a las prescripciones de la nueva ley en materia de afiliaciones. Los artículos anulados por el Poder Ejecutivo establecían el 31 de diciembre de 2011 como fecha límite para dar cumplimiento al requisito mínimo de afiliaciones previstos en la ley a fin de que tanto los partidos políticos nacionales o distritales con personería vigente pudieran mantener la misma, como los partidos en formación pudieran acceder a dicha personería jurídico-política. Esto daba a los distintos partidos un plazo de tiempo prudencial para encarar campañas de afiliación que permitieran alcanzar los requisitos mínimos establecidos en la ley.

“Esta es la demostración más palpable de que la motivación de esta reforma política no es otra que alterar las reglas de juego democrático para favorecer al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales”, finalizaron.